SANTO DOMINGO:-El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) confirmó
ayer que sometió al Tribunal Superior Administrativo (TSA) un recurso
con el que busca suspender la resolución número 06/2015, que establece
la distribución de Diputados del Distrito Nacional y las provincias del
país en las elecciones del 15 de mayo de 2016.
En las conclusiones del escrito de 29 páginas, el PLD, a través de su
secretario general, Reinaldo Pared Pérez, y de sus abogados César Pina
Toribio y Olivo Rodríguez Huertas, reclama la nulidad de la resolución
emitida el 5 de julio pasado y notificada el primero de septiembre, por
ser contraria al artículo 4, 93, numeral 1, letra d; 11 2y 197 de la
Constitución de la República.
De manera subsidiaria, el PLD reclama, vía sus abogados, que la
resolución de la JCE sea declarada nula en razón de que es contraria al
derecho fundamental de la buena administración, al procedimiento
administrativo predeterminado por la Ley y de los principios de
racionalidad, coherencia y confianza administrativa consagrados en la
Ley 107-13 sobre Derechos de las Personas en sus relaciones con la
Administración y Procedimientos Administrativos.
En las consideraciones jurídicas, el PLD explica que presenta un
recurso Contencioso Administrativo amparado en la Constitución de la
República, en la que se dispone que los “Tribunales controlarán la
legalidad de la actuación de la administración pública. La ciudadanía
puede requerir ese control a través de los procedimientos establecidos
por la Ley” (Artículo 139).
Se sostiene que transgrede el principio de coherencia, porque fue
emitida apenas faltando meses para el certamen electoral, y cuando ya
son de conocimiento los pactos y alianzas.
Se precisa también en el recurso, recibido el pasado día 29 de
septiembre en la secretaría del Tribunal Superior Administrativo, que se
ha desconocido en doble vertiente el principio de legalidad y
juridicidad, que condiciona su actuación Los juristas, en representación
del PLD, consideran que la resolución de la Junta Central Electoral
vulnera el principio de Reserva de Ley y el de Separación de los Poderes
del Estado, también vulnera el derecho Fundamental a la Buena
Administración y desconoce el Derecho de las personas para la aprobación
de normas de carácter general.
En la primera de sus conclusiones el recurso presentado por el
Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ante el Tribunal Superior
Administrativo, reclama, en cuanto a la forma, declararlo bueno y válido
por haber sido interpuesto en los plazos y en la forma establecidos por
la ley vigente.