Magic Blue, adquirió terrenos propiedad del CEA durante la gestión de Enrique Martínez en el 2007, por un valor de US$10.50 el metro cuadrado, y en la actualidad los revende a precios que oscilan desde los US$150 a US$1.000, según reveló este lunes El Informe con Alicia Ortega, que se transmite por Antena Latina a las nueve de la noche.
Indica que, contra Magic Blue, pesan varias demandas que en estos momentos se conocen en los tribunales por desalojos forzosos a ocupantes de dichos terrenos.
"La empresa también enfrenta serios problemas con Medio Ambiente, que ha dictado tres sanciones por alrededor de RD$11 millones por concepto de remoción ilegal de capa vegetal y suelo, tumba de árboles mayores, fabricación de hornos de carbón, relleno de humedales y secado de manglares", explica el referido programa.
Según el Inacif, las firmas que aparecen en los títulos expedidos a nombre de la empresa “no son compatibles con los rasgos caligráficos de la firma que aparece en la certificaciones marcadas”.
Respecto a la venta irregular y adulteración de documentos, siete ocupantes de terrenos de la zona demandan a los españoles Pablo Piñero y Rafael López, dueños de la empresa, por falsificación, estafa y uso de documentos falsos contra el Estado dominicano.
Los demandantes presentan certificaciones del Senado y
Se sustentan en estos documentos para avalar su demanda ante los tribunales, en el entendido de que han ocupado dichos terrenos por más de 40 años, lo que, según ellos, le confiere derechos adquiridos.
Faustino Duarte, abogado de la empresa Magic Blue, sostiene que el presidente Leonel Fernández, autorizó al director del CEA para que a nombre del Estado dominicano representara “al Ingenio Porvenir en el acto mediante el cual este último vende, sede, traspasa y transfiere a favor de Magic Blue” los terrenos citados.
Por el inmueble la empresa ha pagado más de RD$800 millones, asegura Duarte, al tiempo de presentar las certificaciones que lo avalan.
El abogado tira la pelota al CEA con relación a cualquier inconveniente que pueda surgir con los terrenos y su aprobación en el Congreso, al plantear que “tiene que garantizarle la inversión a la compañía”.
Duarte explica que “así lo dice el contrato”, y que en caso de cualquier problema el Estado está en la obligación de resarcir a la empresa con el reembolso del dinero.
Sin embargo, ante la pregunta de por qué el contrato no llegó al Congreso tras establecer el acuerdo con el CEA el abogado no ofreció una respuesta contundente, y sólo dijo que hubo “un error en la formalidad…”.
