Santo Domingo:- El 90 por ciento de las instituciones del Estado, realizan sus compras y contrataciones grado a grado, en violación de
El dato resultó de un monitoreo llevado a cabo por organizaciones de la sociedad civil agrupadas en el programa Acción Ciudadana, coordinado por Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (FINTEC) y el Centro de Investigación y Estudios Sociales (CIES-UNIBE).
Como parte del programa, auspiciado por
El informe del monitoreo practicado por
Xenia García, es especialista en el tema y fue contratada por el programa para realizar el monitoreo.
El panorama que ella pinta es poco alentador. Según sus cálculos el 40 por ciento del Presupuesto se destina a compras y contrataciones y más del 90 por ciento de lo que se compra y se contrata se hace grado a grado, es decir, sin cumplir con los requisitos de la ley.
Para Santiago Sosa, coordinador de Participación Ciudadana, el grado a grado es la principal fuente de corrupción pública.
El jurista explica que los funcionarios que otorgan un contrato grado a grado como los empresarios que lo reciben violan permanentemente
En República Dominicana el grado a grado tiene una larga y variada historia, tanto como la lucha de distintos sectores sociales para que esta práctica sea conjurada de la administración pública, aceptada como "normal" durante los denominados 12 años de gobiernos balagueristas y que la administración peledeísta parece tener como referencia.
El hecho fue recordado en el encuentro de socialización del informe, donde los representantes de gran parte de las organizaciones de la sociedad civil clamaron al presidente Leonel Fernández para que, en su calidad de jefe de la administración pública, “transmita señales contundentes que hagan posible la aplicación universal e integral de todas las disposiciones establecidas en
Según el informe, la lucha contra la corrupción no tiene posibilidad de éxito sin no se aplican correctamente las leyes, normas y procedimientos de control diseñados para evitar manejos inadecuados de los recursos del Estado.
Erich Jacín, director de Contrataciones Públicas, un organismo establecido en la ley pero que no juega ningún papel, cree que con el tiempo la ley se pondrá en práctica y dice que “estamos comprometido con que esto funcione”.
Lo que pasa es, de acuerdo con el funcionario, que se está aplicando el criterio de gradualidad porque se lleva un tiempo atender a la vez a cerca de 300 unidades de compra que solo hay –dice- en el gobierno central.
La teoría de la gradualidad para aplicar la ley de compras y contrataciones públicas es aplicada también por Jacín a los ayuntamientos, donde tampoco se aplica, y donde hay que bregar con unas 400 unidades de compra.
Como quiera que fuese, lo cierto es que
