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sábado, 5 de febrero de 2011

LOS CONGRESISTAS PODRÍAN SER SOBORNADOS PARA QUE NO APRUEBEN PROYECTO CONTRA EL SICARIATO.

Santo domingo:-. El Consultor Jurídico de la Dirección Nacional de Control de Drogas y uno de los precursores del anteproyecto de ley que busca castigar el sicariato y el crimen organizado en la República Dominicana, John Garrido, advirtió que los senadores y diputados podrían ser sobornados con dinero para que no aprueben esa importante pieza que castigará con 40 años de reclusión.

Garrido sostuvo que no descarta que el crimen organizado le retuerza la mano a los congresistas a través de amenazas y el ofrecimiento de dinero.

“Eso puede pasar, eso no se descarta, por que el crimen organizado está en todos los estamentos de la sociedad, está en la justicia, está en la Policía y por supuesto en el Congreso Nacional”, expresó el abogado criminalista.

El Consultor Jurídico de la Dirección Nacional de Control de Drogas, llamó a los senadores y diputados a cuidarse y a evitar que la mano de los sicarios y el crimen organizado pueda lograr que el anteproyecto no se convierta en ley.

Dijo que la pieza lo que busca es castigar toda persona que sea encontrada culpable de asesinar por paga y por supuesto a los actores intelectuales de ese tipo de crimen.

Aclaró que no tiene ninguna diferencia con el Colegio de Abogados de la República Dominicana, por la iniciativa, pero que el gremio tiene que reconocer que él –John Garrido- fue la persona que ideo y concretizó el controversial proyecto.

Aseguró que la pena que el le insertó al proyecto fue la de 30 años y que el Colegio de Abogados prefirió elevarla a 40 años.

“Lo importante es que el Congreso Nacional, no se deje tumbar el puso por los sicarios y el crimen organizado y aprueben esa importante pieza, con la cual se logrará por lo menos controlar la criminalidad y la delincuencia que prevalece en el país”, apunto el funcionario de la DNCD.

El proyecto de ley a demás de que contempla una penalidad de 40 años de reclusión estipula el pago de una multa de 300 mil pesos.

La pieza legislativa fue introducida al Senado de la República por el Colegio de Abogados que dirige el doctor Diego José García y presentada al hemiciclo senatorial por el senador reformista de la provincia La Altagracia, Amable Aristy Castro.