Santo Domingo:.- El discurso que pronunciará el próximo jueves el presidente Leonel Fernández para anunciar medidas de austeridad anticrisis no genera mayores expectativas en la opinión pública.
En corrillos empresariales, políticos y sociales, la presunción es que, nuevamente, se recurrirá a promesas de control del gasto que terminarán siendo incumplidas.
Desde agosto de 2004, cuando volvió al poder en medio de la crisis financiera provocada por la quiebra de los principales bancos del sistema, Fernández ha anunciado con gran intensidad dramática la ejecución de planes de austeridad que no han sobrevivido al momento del discurso.
Promesas sociales e institucionales aparte, Fernández anunció entonces un plan de austeridad casi espartana en la administración pública: reducción de las "botellas" gubernamentales, prohibición de las compras innecesarias –incluidas las yipetas para los funcionarios--, de las llamadas de larga distancia desde las instituciones públicas, la disminución de las dietas y los viáticos, y la supresión de las entonces subsecretarías que no fueran necesarias.
Las restricciones al desparpajo del sector público anunciadas en la ocasión por Fernández incluyeron también la prohibición a los cónsules del cobro de porcentajes; la supresión del cargo de subsecretarios no previstos en la ley y previsiones para evitar que las instituciones estatales tomen préstamos bancarios sin la autorización de la Dirección General de Impuestos Internos o la Contraloría.
En el 2006:
Dos años y cuatro meses después de la primera promesa incumplida, exactamente el 4 de diciembre de 2006, el presidente Fernández reiteró que metería en cintura a su derrochador gobierno.
Dijo entonces que las medidas anunciadas eran una “prueba irrefutable” de su compromiso con la austeridad. Prometió entonces la reducción por ley de un 25 por ciento de su salario y de otros funcionarios y al año siguiente, en 2007, la de todos los funcionarios del gobierno central, instituciones descentralizadas y autónoma, incluyendo los salarios de los miembros de los consejos de administración de empresas estatales.
A los que devengaran salarios superior a los ciento veinticinco mil pesos, se les reduciría de inmediato un diez por ciento del sueldo bruto; un cinco por ciento a los recibían un salario superior a los cien mil pesos e inferior a los ciento veinticinco mil pesos y un tres por ciento a los situados en una escala salarial entre los cincuenta y mil y los cien mil pesos.
Nuevamente apareció la limitación para adquirir vehículos, pero despojada de las drasticidades anteriores: el gobierno central y las instituciones descentralizadas no podrían adquirir vehículos de motor para el uso de su personal, exceptuando los requeridos por las necesidades de los servicios, siempre que lo dispusiera el presidente de la República.
Como complemento de esa medida, prohibió el financiamiento para la adquisición de vehículos y se suspendieron las exoneraciones y exenciones fiscales de impuestos para la adquisición de automóviles camionetas y yipetas previstas en leyes especiales.
La medida de limitar a cinco integrantes –salvo autorización presidencial— las misiones al exterior de funcionarios del gobierno o de otros poderes del Estado, siempre en área de su competencia, para hoy una soberana sacada de lengua al país. Además, y este es el remate, salvo los altos funcionarios nadie podría viajar en primera clase.
La restricción del uso de celulares, gastos de representación y dietas también vino en el incumplido paquete.
A esta se añadió la “medida” de limitar, mediante reglamento, el número de asistentes y asesores que se designarán al servicio de los secretarios de estado, directores generales, superintendentes de intendentes, incluidas las instituciones descentralizadas.
En el 2007, anunció entonces el presidente, se la nómina salarial gubernamental, las promociones y ascensos de funcionarios y empleados públicos y se prohibiría el uso de vehículos del estado los fines de semana y días feriados, con excepción de los altos funcionarios y quienes dispusieran de una autorización expresa y previa del titular de la dependencia en que prestara servicios.
Otra vez, la reducción de las dietas y viáticos apareció entre las medidas anunciadas: bajarían en un 44 por ciento.
El gasto en publicidad se reduciría en un 20 por ciento, los servicios básicos en un 14 por ciento, materiales y suministros en un 11 por ciento, servicios de comunicaciones en un 10 por ciento, transferencias al sector privado en un 9.4 por ciento, y sueldos para cargos fijos en y temporeros en un 6 por ciento, lo que producirá un ahorro de 4 142 millones de pesos.
Prometió entonces, y tampoco cumplió, exceptuar de las restricciones del sector de la salud pública el cual, por el contrario, vería su salario aumentado en un 20 por ciento porque él había empeñado su palabra con el Colegio Médico Dominicano.
Amante de lanzar cifras al viento, el presidente Fernández ofreció el dato de cuánto ahorraría el gobierno en 2007 con todas esas medidas en relación con 2006, cuando pronunció el discurso: los sueldos y salarios representarían un 3.7 por ciento del producto interno bruto, menor al 4.4; los bienes y servicios un 2.7 por ciento en relación al 2.82; las transferencias corrientes y subsidios equivaldrían al 5.6 por ciento, y no un 6.27, y el gasto de capital sería menor porque descendería de 4.7 a 4.4 por ciento.
2008, la misma cantaleta:
Como si le fallara la memoria –una circunstancia que explicaría ciertas repeticiones--- el presidente Fernández llovió sobre mojado el 17 de julio de 2008. A partir de ese momento, el gobierno comenzaría a ejecutar un plan de austeridad que contraería el gasto público.
Una primera medida sería reducir en un 20 % la proyección de gasto realizada para el período de agosto-diciembre de 2008, equivalente a cerca de 20 mil millones de pesos.
“La actual crisis nos obligará a ser sobrios en el gasto; a ser más comedidos y moderados. A no despilfarrar. A no derrochar. A apreciar el valor e importancia de cada cosa; y a no sucumbir ante las tentaciones de la vanidad que permanentemente nos incitan a consumir lo que no necesitamos”, dijo el presidente frente a las cámaras de televisión.
Entre las medidas de austeridad citó no iniciar nuevos proyectos de infraestructura y priorizar las construcciones que tengan por lo menos un 75% de realización y reducir en 100 millones de dólares la ejecución del gasto en proyectos de inversión financiados con recursos externos.
Por segunda vez en apenas dieciocho meses, anunció la reducción de la publicidad gubernamental, esta vez en 25 por ciento; la congelación de compras de equipos de oficinas, vehículos de todo tipo (por un período de un año) con excepción de la Policía y Agricultura; la reducción de la compra de combustible en un 25 por ciento, del gasto en celulares, de las dietas y viáticos y gastos de representación.
Los sueltos de los funcionarios también serían recortados, también por segunda ocasión, en un 5 por ciento los situados entre 151 mil y 200 mil pesos, y un 10 por ciento los superiores a los 201 mil pesos al mes.
También se congelaría la nómina pública, exceptuados los sectores de salud y educación.
