El nepotismo rodea al presidente de la Junta Central Electoral.

Santo Domingo:- A las denuncias presentadas en contra del presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, ahora se suman otras tres.

El Informe con Alicia Ortega ha comprobado que Alexis Dicló, miembro del  bufete de abogados Rosario Márquez & Asociados es el Consultor Jurídico de la institución. La esposa de Dicló, Gladys González, también labora en el tribunal electoral en la Dirección Financiera como Encargada de Control Financiero.

En septiembre del año pasado, El Informe reveló que Dicló trabajó en por lo menos uno de seis casos de asesorías legales que la oficina de abogados del actual presidente de la Junta hizo para la Loteria Nacional, cuando este era presidente de la Camara Administrativa. Los casos trabajados entre el 2005 y 2008 le rindieron un beneficio de RD$9.705.433

La Constitución de la República dice en su articulo 108, que “…ninguna función o cargo público a que se refieren en esta Constitución y las leyes, serán incompatibles con cargos honoríficos y los docentes”.  En otras palabras, las funciones públicas solo son compatibles con cargos sin sueldo o de docencia.

Los casos de la Lotería Nacional fueron contratados durante la administración del ex director Ramón Rivas. Ahora El Informe revela que el hijo de Rivas, Pavel Antonio Rivas Goris, también trabaja en la JCE, directamente en la Unidad Administrativa de la Presidencia.

Las revelaciones se suman a las denuncias de Participación Ciudadana la semana pasada, que incluyen que Rosario presentó a los partidos su proyecto para la creación de una gerencia de Informática sin discutirlo con el pleno. 

Según la entidad, Rosario también retuvo, sin entregarlo a los demás titulares del organismo, el proyecto de Reforma de la Ley Electoral elaborado por una misión técnica de la OEA, que el fue entregado personalmente por el secretario general José Miguel Insulza el 26 de septiembre del año pasado.

Denunciaron además que el presidente del tribunal electoral se desplazó a la sede de la Unión Europea en Bruselas el 20 de julio pasado y solicitó financiamiento para auspiciar la observación electoral, sin que antes ni después, esa gestión haya sido aprobada por el pleno, ni siquiera presentada a sus miembros.

Las denuncias de Participación Ciudadana se produjeron luego de que miembros de la Junta objetaran la observación electoral de la entidad de la sociedad civil en los comicios de mayo. Un día después, el tribunal electoral dio marcha atrás y reconsideró la objeción con respecto a dicha observación.