Santo Domingo.- Manifestaron que los ayuntamientos destinarán los ingresos propios y los recibidos por las diferentes modalidades establecidas por las leyes nacionales para satisfacer sus competencias manteniendo los límites en cuanto a su composición, citando entre ellos que hasta el 25% para gastos de personal fijo o bajo contrato temporal; 31% para la realización de actividades y el funcionamiento y mantenimiento ordinario de los servicios municipales de su competencia que prestan a la comunidad; al menos el 40% para obras de infraestructura, adquisición, construcción y modificación de inmuebles y adquisición de bienes muebles asociados a esos proyectos, incluyendo gastos de preinversión e inversión para iniciativas de desarrollo económico local y social; así como también un 4% dedicado a programas educativos, de género y salud.
El coordinador general de la entidad anticorrupción Julio César de la Rosa Tiburcio , declaró que “a diario recibe denuncias de corrupción provenientes de los municipios y distritos municipales en donde se destacan las adquisiciones de bienes y servicios sin cumplir con los procedimientos que prevé la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, así como el pago de obras cuantiosas sin ser ejecutadas, nominas fantasmas, como también la designación de arietes y parientes, acciones conocidas por los munícipes que ven a diario con el desparpajo que actúan contrario al mandato otorgado por la municipalidad”.
Señaló que las sanciones contempladas en la ley se detallan claramente en el párrafo IV, cuando señala que “La violación de este artículo será sancionado con penas de 2 a 5 años de prisión, con el pago de una indemnización de cinco a veinte salarios mínimos, así como también a la inhabilitación para el servicio público prevista por la legislación penal dominicana para estos casos”.
“En el caso de que el tesorero y el contralor municipal no denuncien ante las autoridades de control y persecución competentes, se castigarán como infractores y de acuerdo con la sanción antes mencionada”, aclaró De la Rosa Tiburcio y advirtió a la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa , DPCA, para que se prepare para darle seguimiento a todas esta atrocidades cometidas por los alcaldes en cuestión, lo mismo le advierte a la Cámara de Cuentas de la República para que proceda a entregar las auditorias que ha realizado en las instituciones edilicias, que permita traducir a los tribunales del país a los responsables del manejo irregular de los fondos públicos.
“Es una oportunidad que tiene la Liga Municipal Dominicana para reasumir su rol como asesorara de los ayuntamientos del país, para que deje atrás la imagen de botín al servicio del clientelismo político, que durante los últimos doce años no ha hecho ningún aporte significativo al municipalismo dominicano”, finalizó.
