“Estamos en una
situación grave y vergonzosa, ya que el promedio de prisión preventiva
en la mayoría de los países de América Latina está entre 5% y 15%,
mientras que en 2010 nosotros teníamos 75% y luego bajamos de 68% a 65%
en 2011”.
Entrevistada por Harold Modesto, coordinador de la Unidad del
Poder Judicial del Observatorio Político Dominicano (OPD), de la
Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode), Hernández agregó
que en el censo penitenciario de 2006, a dos años de comenzar a
aplicarse el nuevo Código Procesal Penal, el país tenía 12,706 reclusos,
cifra que hoy asciende a casi 23,000.
“Tenemos un gran reto
porque hay un montón de centros del nuevo modelo y cárceles del modelo
tradicional que están absolutamente sobrepoblados, provocando que en
nuestro país el sistema penitenciario esté colapsando”, argumentó.
Dijo
que las altas cifras expresan la gravedad de la prisión preventiva en
el país. Sin embargo, resaltó que “en los medios de comunicación
parecería reflejarse que en el país hay un uso indiscriminado de la
libertad, y pienso es un tema de educación ciudadana”.
Agregó que
“hay que informarle a la población que porque una persona esté en
libertad mientras dura el conocimiento de su proceso no significa que
escapará, sino que constitucionalmente esa es la forma normal y
corriente en que los países conocen los procesos, salvo los casos donde
la fuga es inminente”. Deploró que en el país se juzga a los imputados
por la situación socioeconómica.
“Aquí el peligro de fuga se mide
en función de si usted vive en un barrio o en un ensanche. Parecería que
quienes vivimos en ensanches no tenemos peligro de fuga y esos son los
que se escapan en helicóptero. Sin embargo, todo el que vive en
determinados barrios para el tribunal representa peligro de fuga”,
puntualizó.
La funcionaria dijo que el hecho de que a una persona
le dicten una medida de coerción distinta a la prisión preventiva no
significa que está evadiendo su responsabilidad penal, “sino que va a
poder presentarse libre a su juicio, como señalan la Constitución y las
leyes”.
“Los medios de comunicación y todos en sentido general,
tenemos que hacer una campaña educativa para que la población sepa que
una medida de coerción distinta a la prisión preventiva es algo normal
en cualquier país del mundo y que no obedece a que compraron al juez”,
añadió.
Defensoría pública.
Hernández puntualizó que una
persona tiene derecho a la defensa pública desde el inicio de la
persecución policial, aún en la sede policial.
