El magistrado adoptó la
decisión tras una hora y cinco 55 minutos de debates, tras lo cual
regresó dos horas más tarde con su veredicto, en el que estima
insuficientes los presupuestos presentados para imponer la prisión
preventiva o alguna otra medida de coerción.
Consideró que el
Ministerio Público no pudo establecer, contundentemente, el sustento de
la aplicación de la medida de coerción solicitada.
Planteó que si
bien el órgano investigador invocó contar con elementos de prueba que, a
su entender, vinculan al legislador como autor de una infracción penal,
"no es menos cierto que el Ministerio Público no pudo demostrar ante
este Juzgado la existencia del peligro de fuga, como más adelante se
explica".
Agregó que la determinación del peligro de fuga
constituye, en la especie, un punto medular para determinar la necesidad
de imponer una medida de coerción.
Sobre este aspecto, consideró que el
Ministerio Público hizo hincapié en que este peligro se configuraba por las
circunstancias del caso en particular, bajo el entendido de que existían
situaciones que entorpecerían el libre conocimiento del caso que se le
sigue al ex candidato presidencial del Partido Reformista Social
Cristiano.
El juez de la Instrucción Especial expuso que el
Ministerio Público se apoyó en una circunstancia no prevista en la
normativa procesal penal, como "el entorpecimiento de las
investigaciones", lo que a su entender atenta contra el principio de
legalidad.
Dijo que no puede ser tomado en cuenta para establecer
el peligro de fuga, toda vez que tal elemento no constituye un
presupuesto legal para imponer una medida de coerción.
Asimismo,
que ha quedado establecido que Aristy Castro cuenta con arraigo
suficiente, en razón de que tiene domicilio fijo y ocupa una función
pública que revela niveles de permanencia en el país.
Además, de que su actitud y comportamiento ponen de manifiesto la atención de comparecer a los actos que fueren necesarios.
La
solicitud contra Aristy fue presentada por la subdirectora del
Departamento de Persecución de la Corrupción (DPCA), Laura Guerrero,
quien argumenta que la medida no se ha pedido alegremente.
14 pruebas en contra del senador,
acusado de corrupción durante su gestión en la Liga Municipal Dominicana
(LMD).
La defensa de Aristy Castro estuvo representada por Ramón
Pina Acevedo, Julio Cury, Ramón Emilio Núñez y Francisco Fernández
Almonte.
