SANTO DOMINGO:- La presidenta de la
Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Ligia
Bonetti de Valiente, reveló este lunes que el gobierno deja de percibir
1,100 millones de pesos anuales por el no pago de impuestos de las
empresas que están instaladas en la zona fronteriza, pero que
comercializan sus productos a nivel nacional.
Explicó que de 90 empresas
que tienen permiso para instalarse en la zona fronteriza, hay 50 ya
instaladas que comercializan sus productos en todo el territorio
nacional, generando 4000 empleos directos.
Detalló que el propio Estado ofreció esa cifra
cuando estaba implementando la reforma fiscal el pasado año, ya que si
se divide 1,100 por cada empleado, el total es 4 mil personas
trabajando, eso le cuesta al Gobierno 250 mil pesos, lo que es igual a
la cantidad ya citada.
Dijo que eso es desastroso porque “al dejar de
pagar los impuestos a través de la Ley 28-01, que protege a las empresas
que operan en la frontera, el Estado deja de percibir 250 mil pesos por
cada empleado”.
Ley 28-01, que crea una Zona Especial de
Desarrollo Fronterizo para las provincias Pedernales, Independencia,
Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, está a
punto de cumplir 11años, y Bonetti de Valiente dice que su revisión
es inminente, ya que en vez de incentivar el empleo sólo ha servido para
crear privilegios en detrimento del Estado.
Recordó que mientras la Cervecería Nacional
Dominicana lleva más de 100 años instalada en la George Washington y
paga impuestos, deba trasladarse la frontera, como piden algunos
congresistas, para no pagar impuestos.
Ligia Bonetti de Valiente expresó que la entidad
que representa entiende que eso es competencia desleal, ya que la
Estrategia Nacional de Desarrollo especifica en su marco conceptual que
todas las empresas que operen el país deben pagar impuestos.
“Lo que no se explica es como una empresa que
fabrica un producto en la frontera, lo comercialice en el todo, y no
pague el 18% del ITBIS, ni el impuesto selectivo al consumo, porque
está libertada de esos gravámenes, porque la ley lo protege, es decir que
la empresa está instalada en la frontera y está exenta, eso es
competencia desleal”, sostuvo.
La Asociación de Industrias (AIRD) advirtió el
grave daño que se hace al sector industrial, a la imagen del país y a la
seguridad jurídica, permitir que una ley fomente la competencia
desigual, en franca violación a principios fundamentales de la
Constitución dominicana.
