Washington:-El Senado de EEUU aprobó ayer una extensa
reforma migratoria que legaliza a la población indocumentada y fortalece
la seguridad fronteriza, pero afronta un rumbo incierto ante las
advertencias republicanas de que esta encontrará su tumba en la Cámara
de Representantes.
Esta reforma, una tarea inconclusa desde el
último intento en 2007, fue aprobada por 68 a 32, con el “sí” de 14
republicanos que se sumaron a los 52 demócratas y dos independientes.
Sin
embargo, y pese al riesgo político que supone de cara al creciente
electorado hispano, los republicanos han asegurado que la reforma, tal
como fue aprobada hoy, encontrará su tumba en la Cámara baja.
“Este
proyecto de ley se aprobará en el Senado, pero no con mi voto, y en su
versión actual, no va a convertirse en ley”, sentenció el líder de la
minoría republicana en el Senado, Mitch Mc- Connell.
El presidente
de la Cámara baja, el republicano John Boehner, aseguró que su bancada
se reunirá el próximo 10 de julio para trazar su propia estrategia y no
hará un simple calcado de la versión del Senado.
El “Grupo de los
siete” que negocia la reforma en la Cámara de Representantes -uno menos
que los ocho del Senado, después de la renuncia del republicano Raúl
Labrador- aún no ha presentado su propio plan.
El congresista
demócrata Luis Gutiérrez, miembro de ese grupo, dijo ayer que “ha
comenzado la cuenta atrás no solo para el Partido Republicano, sino
también para los 1,400 indocumentados que son deportados cada día ante
la ausencia de una reforma”.
En el entramado parlamentario, las
opciones para la Cámara baja son pocas y cada una tiene sus riesgos:
rechazar la versión del Senado y elaborar una similar; debatir una
completamente nueva, o debatir medidas parciales por separado e
incorporarlas en un solo paquete.
En todo caso, las dos versiones
tendrían que ser armonizadas en un solo texto y votado de forma
definitiva, previsiblemente después del receso de agosto.
La del
Senado, la mayor desde la de 1986, se apoya en tres pilares: la
legalización de los indocumentados; la regulación de futuros flujos
migratorios; y el reforzamiento de la seguridad en la frontera con
México, por donde se cuela la mayoría de los indocumentados.
El
punto fundamental de la medida, negociada entre bambalinas desde enero
pasado por el “Grupo de los ocho” del Senado, es que sin el sellado de
la frontera no habría posibilidad de conseguir la residencia permanente.
Los expertos coincidieron ayer en que, al contrario que en 2007, el panorama político ahora es más propicio.
“La
gente subestima el enorme cambio político que ha habido desde 2007. El
voto en el Senado ayudará a dar forma al debate en la Cámara de
Representantes y creo que esta también apoyará la reforma migratoria”,
dijo Angela Kelley, analista del progresista Centro para el Progreso
Estadounidense.
Stephen
Yale-Loehr, profesor de leyes y experto en asuntos migratorios en la
Universidad de Cornell, advirtió que muchos legisladores creen que la
versión del Senado se quedó corta y que el Congreso “no debe legalizar a
ningún indocumentado bajo ninguna circunstancia”.
Boehner exige
que la reforma tenga el apoyo de la mayoría de los republicanos “y hasta
ahora eso parece poco probable”, señaló. Los partidarios de la reforma
llegaron a la mesa de negociaciones cargados de argumentos sobre los
beneficios económicos y de seguridad nacional del plan reformista.
Un
análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso indicó que, con la
reforma, la economía crecerá en un 3,3 % en la próxima década y en 5,4 %
la siguiente, y se reducirá el déficit en 197.000 millones de dólares
para 2023. Pero sus detractores se escudaron en la incipiente
recuperación económica de EE.UU.
