SANTO DOMINGO:-A diez años de su cierre forzoso y del inicio de su
proceso de liquidación, los fondos de la compañía Segna, la más
importante empresa de seguros de la República Dominicana, se encuentran
congelados en los bancos, sin que el Banco Central de la República
Dominicana, beneficiario de los mismos en virtud del contrato firmado
con la familia Pellerano, pueda acceder a ellos.
La paradoja
resulta inexplicable, pues al tratarse de dos instituciones del Estado,
-la Superintendencia de Seguros, liquidadora legal de Segna y el Banco
Central de la República, destinatario de los fondos-, la colaboración
debiera ser la norma.
La historia del cierre y liquidación de la
compañía Segna, cuyo nombre original era Compañía Nacional de Seguros,
es digna de ser contada.
Segna formaba parte del Grupo Financiero
Nacional, fundado por el Dr. Máximo A. Pellerano en la década de 1960, y
pronto se convirtió en la principal empresa de seguros del país. A la
hora de su cierre, a consecuencia de los problemas que afectaron al
Banco Nacional de Crédito (Bancrédito), durante la crisis bancaria del
año 2003, la empresa tenía la mayor cartera de seguros de la nación.
Por
varios años consecutivos, Segna obtuvo el primer lugar en primas netas
vendidas, a través de dinámicos procesos de mercadeo y de la correcta
cobertura de todos sus riesgos. La clientela de Segna incluía desde las
más importantes empresas del país, hasta miles de suscriptores de
seguros de vida de todas las clases sociales de la nación.
El
cierre de Segna probó ser un error grave, en vista de que la compañía
era viable desde cualquier punto de vista. Tenía problemas momentáneos
de liquidez que podían ser salvados sin gran dificultad, pero mantenía
una sólida cartera de clientes y un gran prestigio empresarial.
El
afán devorador de políticos y competidores pudo más en su momento que
el interés de salvar una empresa que daba empleo a miles de dominicanos.
Hoy
en día, luego del proceso de liquidación llevado a cabo por la
Superintendencia de Seguros, particularmente durante el mandato del Dr.
Euclides Gutiérrez Félix, se encuentran depositados en bancos del país
unos mil doscientos millones de pesos (RD$1,200,000,000) producto de la
liquidación neta de sus activos, menos sus pasivos. Todo ello muestra
que la empresa era salvable, y que constituyó un error de bulto de las
autoridades de entonces proceder a su cierre.
La liquidación de Segna
De
acuerdo con la Ley No. 146-02 sobre Seguros y Fianzas de la República
Dominicana, cuando ocurre la liquidación forzosa de una empresa de
seguros o reaseguros, la Superintendencia de Seguros asumirá la función
de liquidadora de la entidad, según las disposiciones legales.
En
esa virtud, la liquidadora asume el control de los activos de la
empresa, hasta tanto se hayan agotado los procesos legales. La Ley
autoriza a la liquidadora a disponer de la venta de aquellos activos que
puedan deteriorarse, y a formalizar el cobro de todas las acreencias
que tenga la compañía. De la misma manera, deberá ir saldando las deudas
y/o reclamaciones existentes hasta concluir el proceso.
La
liquidación forzosa de Segna fue ordenada el 19 de noviembre del año
2003 y el 5 de septiembre del 2006 se procedió a integrar la Comisión de
Liquidación, compuesta por los señores Cristian Reyna T., Luz María
Duquela y Rafael Melgen Semán, los dos últimos abogados.
El
proceso de cobro y venta de activos se realizó con bastante presteza.
Los principales locales de Segna, tanto en la capital como en Santiago
fueron vendidos a instituciones del Estado. El antiguo local principal
de Segna fue vendido al Estado dominicano y es donde ahora tiene su sede
el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y EdeNorte
adquirió una importante propiedad en Santiago.
Asimismo, se realizaron cobros a deudores de la empresa por montos millonarios.
En
un informe remitido al superintendente de Seguros, Dr. Euclides
Gutiérrez Félix, el 19 de enero de 2010, Cristian Reyna Tejada,
coordinador de la Comisión de Liquidación y Rafael Melgen Semán, Abogado
Externo, informan al Superintendente que en ese momento las cuentas de
Segna tenían disponibles RD$758 millones en certificados de depósito en
bancos locales.
Un año más tarde, en el programa El Informe con
Alicia Ortega, la que fuera hasta marzo del 2010 administradora de la
liquidación de Segna, señora Suzy Lora de Nouel, declaró que "había
aproximadamente RD$800 millones de pesos a mi salida, tanto en el BHD,
como en el (Banco de) Reservas en certificados financieros".
Esa cantidad, a pesar de los pagos realizados, se entiende que supera los mil doscientos millones de pesos en la actualidad.
En
el mencionado informe, los liquidadores se quejan de que no fueron
consultados sobre un préstamo que se auto otorgó la Superintendencia de
Seguros de los fondos de Segna, por un monto de RD$52 millones, "para la
construcción de su nuevo edificio".
La comisión de liquidación entendía
que el préstamo no procedía, porque "la condición de Segna de ser una
empresa en liquidación prohíbe que sus fondos sean destinados a otra
actividad que no sea la de devolver a los reclamantes sus acreencias".
A
partir de esos cuestionamientos, el 1ro de julio del 2010, la
Superintendencia de Seguros canceló el contrato con el abogado Melgen
Semán, quien, a su vez, inició un proceso de solicitud de información,
de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información, que fue llevado ante
el Tribunal Superior Administrativo ante la negativa de la
Superintendencia de Seguros a suministrar las informaciones requeridas.
El
5 de diciembre del 2012, la Tercera Sala de la Suprema Corte de
Justicia que se encarga de los asuntos laborales, de tierras,
contencioso-administrativo y contencioso-tributario, falló de manera
definitiva en contra de la Superintendencia de Seguros, que fue
condenada a entregar las informaciones demandadas. Se ignora si la
sentencia fue ejecutada. Diario Libre intentó contactar al abogado para
confirmar la información, pero no fue posible localizarlo.
En los
últimos años, la familia Pellerano ha estado en contacto con la
Superintendencia de Seguros a los fines de finalizar el proceso de
liquidación, y de que los fondos resultantes sean entregados al Banco
Central de la República, en virtud del Acuerdo Transaccional firmado
para cumplir con sus obligaciones en el caso Bancrédito, pero hasta la
fecha no ha sido posible llegar a un entendido con la Superintendencia
de Seguros.
Una persona conocedora del tema dice no explicarse
bajo qué argumentos puede seguirse dando largas a un asunto que ya está
resuelto, y que perjudica al Estado dominicano, pues le entrarían fondos
frescos por al menos RD$1,000 millones, dinero que está líquido en
bancos nacionales.
(Continuará…)
Texto Diario Libre.
