SANTO DOMINGO.- En su primer mes de gestión, la
Defensora del Pueblo, doctora Zoila Violeta Martínez Guante, informa que
ha intercedido en 10 casos de ciudadanos que han sido afectados por
inoperancia de entidades de la administración pública, logrando resolver
la mayoría de los conflictos de manera armónica.
La doctora Martínez Guante señaló que algunos de
los casos les fueron enviados directamente por los ciudadanos afectados
o por sus familiares y que otros los asumió por denuncias y quejas
publicadas en medios de comunicación y a través de llamadas telefónicas.
“Nuestra labor se ha enfocado en resolver los
conflictos de forma armónica y ajustado a la ley, con el propósito de
proteger los derechos de los ciudadanos”, señaló la Defensora del Pueblo
en un informe sobre su primer mes de gestión.
Para buscar solución a las denuncias
recibidas, la Defensora del Pueblo visitó a los titulares de las
instituciones públicas acusadas de incurrir en faltas, a los cuales
también les expuso los casos por escrito, mediante comunicaciones.
Martínez Guante intervino ante la Dirección de
Pasaporte, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la
República, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo
Domingo (CAASD), el Ministerio de Medio Ambiente, la Junta Central
Electoral (JCE), Bienes Nacionales, y otras instituciones públicas.
En el primer caso que medió la Defensora del
Pueblo fue por la golpiza propinada al recluso Franklin Peralta, por
parte de un agente de seguridad del Centro de Corrección y
Rehabilitación de Puerto Plata. Tan pronto se enteró del hecho, la
Defensora del Pueblo se trasladó a ese centro para constatar lo sucedido
y luego remitió una comunicación al Procurador Francisco Domínguez
Brito para pedirle sanción para el responsable.
Visitó el sector Los Tres Brazos de Santo Domingo
Este, para investigar el asesinato del joven Eric Martínez, el 6 de
julio del 2013, luego que los familiares de la víctima le pidieran
indagar el caso en un papel manuscrito. De ese hecho se acusó a un
agente de la Policía, el cual guarda prisión.
Intervino para que Bienes Nacionales desembolse al
señor Ervido Báez 270 mil pesos que reclamaba, el cual pagó como
adelanto por la compra de una parcela que erróneamente esa institución
le informó era de su propiedad y resultó ser privada.
La Defensora del Pueblo también gestionó en la
CAASD que normalice el servicio de agua en el sector El Café, de
Herrera, cuyos moradores se habían quejado de que llevaban meses sin el
líquido
