Una firma jurídica internacional denunció
en Estados Unidos que el sistema de Justicia de la República Dominicana
está totalmente subordinado a los intereses de un sector político
controlado por el ex presidente Leonel Fernández, en abierta
connivencia con el líder del sector minoritario del Partido
Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, asegurando que la
decisión del Tribunal Constitucional en el caso de la doctora Geanilda
Vázquez confirma que ese órgano actúa por encargo de un poder
extrajudicial.
“La independencia del poder judicial es uno de
los pilares fundamentales de todo Estado de Derecho, y el presupuesto
básico para que puedan aplicarse las garantías consignadas en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En República Dominicana hoy día, la mayor amenaza a
la institucionalidad democrática es la influencia del PLD sobre los
altos tribunales del país, a los que ha convertido en un instrumento de
sus estrategias politico-electorales”, expresa un comunicado de prensa
emitido en la capital norteamericana por los abogados Jaime Aparicio y
Bjorn Arp, de la firma Aparicio, Arp & Asociados, de Washington.
Al definir como nefasta la actuación de la
Justicia Dominicana en la expulsión ilegal de prominentes dirigentes del
PRD, los juristas afirman que “en todas las reclamaciones presentadas
por la corriente del PRD controlada por Vargas los tribunales fallan a
su favor, y en todas las reclamaciones presentadas por los miembros del
PRD ilegítimamente suspendidos y expulsados del partido, el Tribunal
falla en su contra”.
Y agrega que “cuando las víctimas presentaron un
recurso de revisión constitucional, este recurso ha seguido sin fallo
alguno en el Tribunal Constitucional por más de un año, a pesar de la
norma que fija el plazo para una decisión de admisibilidad por un mes”.
Sin embargo, apuntan los abogados, “cuando se
trata de una demanda de suspensión de ejecutoriedad presentada por la
fracción de Vargas, en pocas semanas el TC resuelve contra una
sentencia de la Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera
Instancia del Distrito Nacional que ordenó reponer a Geanilda Vásquez
como Secretaria General del PRD”.
Aseguran que el caso de la doctora Vásquez
muestra el grado de subordinación de éste órgano judicial a las
estrategias políticas de Leonel Fernández para destruir al PRD.
“El Tribunal Constitucional decidió suspender la
ejecución de dicha sentencia bajo el insólito argumento de que “el daño
consistiría en una afectación directa a la seguridad jurídica y a la
certeza de los asuntos electorales”. Olvida el TC que lo que afecta al
Estado de Derecho en República Dominicana ha sido la expulsión ilegal y
abusiva de miembros de la Comisión Política del PRD mediante una
confabulación entre el partido de gobierno, Miguel Vargas y los
tribunales de justicia bajo control del PLD”
Dicen denuncias no cesarán
Tras señalar que una democracia estable sólo puede
darse donde hay alternancia en el poder, igualdad de condiciones para
la participación política, división de poderes y partidos políticos”,
los juristas manifiestan que las denuncias internacionales no cesarán
hasta que se restablezca el estado de derecho en la República
Dominicana.
El doctor Aparicio ha sido Presidente del Comité
Jurídico Interamericano, asesor del ex Presidente Colombiano y pasado
Secretario General de la OEA Cesar Gaviria. También ha representado al
ex Presidente Carter en Nicaragua y Ecuador; mientras que doctor Bjorn
Arp es profesor de varias universidades en Washington, Madrid, Colombia
y Ecuador y ha escrito varios libros sobre los derechos humanos.
El grupo legal representa internacionalmente al ex
presidente Hipólito Mejía; al pasado candidato vicepresidencial, Luis
Abinader; al ex presidente del Senado, Andrés Bautista García; al dos
veces secretario general del PRD, Orlando Jorge Mera; y a la secretaria
nacional de organización de ese partido, Geanilda Vásquez.
Confabulación antidemocrática
Según los representantes de la firma jurídica
internacional, “los hechos demuestran que en Republica Dominicana se
viene desarrollando un paulatino y sistemático proceso de acumulación de
poder, a través de un sistema judicial, electoral y de control
constitucional hecho a medida del partido de gobierno, cuyo fin es la
perpetuación en el poder, mediante la inhabilitación de los candidatos
de la oposición.
En ese sentido recordaron que en octubre de 2009,
el entonces Vice Presidente del PRD, Luis Abinader, había llamado la
atención sobre éstas amenazas a la democracia dominicana, “La reforma
constitucional no representa la voluntad de la nación, sino la de los
grupos particulares que se han puesto de acuerdo para hacerse un traje a
medida por el acuerdo de aposento entre Leonel Fernández y Vargas
Maldonado.”.
La versión de prensa del comunicado emitido por
la firma Aparicio, Arp & Asociados de Washington, fue dada a
conocer en el país por la oficina de comunicación del licenciado Luis
Abinader.
