SANTO DOMINGO:- El ex
presidente Hipólito Mejía denunció este martes que dirigentes del PLD
cometieron un fraude contra el Banco Reservas y el país, al tomar 795.7
millones de dólares y 399.2 millones de pesos de esta institución
bancaria, y usarlos en la campaña electoral de este partido.
“Casi todos estos fondos fueron utilizados por vía del Ministerio de
Obras Públicas para la campaña electoral, se gastaron sin que se
rindiera cuenta ante el Congreso, ante la Contraloría General de la
República o ante el Ministerio de hacienda", dice Mejía en una
declaración escrita que con el título “La Corporación del Fraude”,
remitió a ALMOMENTO.NET.
Alega que lass instituciones gastaron, tomaron el dinero del Banco de
Reservas, lo utilizaron en las obras, ocultaron la naturaleza de la
operación y estafaron al país”.
Sostiene que el pasado 20 de noviembre la Cámara de Diputados declaró
de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas un proyecto de ley
enviado por el Poder Ejecutivo para legalizar las deudas contraídas por
los referidos montos, que “se encontraban ocultas, como deuda privada,
deliberadamente tapadas por las autoridades del Gobierno y del propio
Banco de Reservas”.
Aduce que “el mayor responsable de esto es, por supuesto, el Banco de
Reservas que se prestó a la patraña y que ahora, como si nada hubiese
ocurrido, envía las operaciones ejecutadas, como préstamos contraídos,
al Congreso Nacional y como si se tratara de obras por ejecutar”.
Tras señalar que el país no puede seguir con “este relajo”, Mejía
observa que “ese acto es ilegal de arriba abajo”, una ruptura grosera
del orden legal y de los procesos legales y normales de aprobación de
leyes.
El texto
La declaración textual del ex presidente Mejía (2000-2004) es la siguiente:
“La corporación del fraude
La Cámara de Diputados, que el pasado 20 de noviembre declaró de
urgencia y en dos lecturas consecutivas, dio su aprobación a un proyecto
de ley enviado por el Poder Ejecutivo para legalizar deudas contraídas
por instituciones públicas con el Banco de Reservas por 795.7 millones
de dólares y 399.2 millones de pesos, que se encontraban ocultas, como
deuda privada, deliberadamente tapadas por las autoridades del gobierno y
del propio Banco de Reservas.
Pese a que algunos legisladores llamaron la atención sobre el
propósito ilegal y absolutamente contraviniendo las disposiciones
constitucionales, de que se estaba tapando un hueco crediticio que debió
aprobar previamente el Congreso, con la mayoría mecánica del PLD se
aprobó la propuesta y apenas la opinión pública se dio cuenta de lo que
estaba ocurriendo.
Este 4 de diciembre, con apenas unos días de la oprobiosa aprobación
de los diputados, la maquinaria absolutista del PLD en el Senado también
declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas lo que el
gobierno llama “Ley de Racionalización de Operaciones con el Banco de
Reservas”.
La urgencia no se comprende, pues lo que dijeron es que algunos
plazos de los préstamos se vencen y es necesario legalizar con el Banco
de Reservas esos desembolsos. Pero el Banco de Reservas no debió
autorizar los desembolsos a ningún contratista o empresa local o
extranjera que tuviera autorización para ejecutar obras en la campaña
electoral, si esos fondos no estaban autorizados por el Congreso, vía la
ley de gastos públicos, para que se difuminaran como por arte de magia
en los malabarismos a que nos tienen acostumbrados los peledeísta.
Casi todos estos fondos fueron utilizados por vía del Ministerio de
Obras Públicas para la campaña electoral, se gastaron sin que se
rindiera cuenta ante el Congreso, ante la Contraloría General de la
República o ante el Ministerio de hacienda. Las instituciones gastaron,
tomaron el dinero del Banco de Reservas, lo utilizaron en las obras,
ocultaron la naturaleza de la operación y estafaron al país.
De paso, estos señores demostraron de nuevo que tienen agallas para
engañar al Fondo Monetario Internacional, pues ese organismo nunca
detectó estos préstamos. También estafaron al Congreso Nacional, que sin
autorizar construcción de obras o ejecución presupuestaria en lo que se
construyó, por encima de su cabeza, las ejecutaron sin rendir cuentas.
Es el Congreso el que resulta más seriamente lesionado, porque con
este tipo de operación se demuestra que no hace falta el Congreso como
supervisor o fiscalizador del Ejecutivo.
Violaron la Constitución de la
República, la Ley de Presupuesto, la Ley de Gastos Públicos, la Ley de
Crédito Público, la Ley Monetaria y Financiera, las regulaciones
establecidas para normas y las operaciones bancarias por vía de la
Superintendencia de Bancos.
Todo esto ocurrió a los ojos del país. Y son tan descarados que en
dos lecturas consecutivas, vale decir, a toda prisa, en la Cámara de
Diputados el 20 de noviembre, y en el Senado el 4 de diciembre,
siguieron con el engaño poniendo a la víctima a cargar el fruto del rob
Al Congreso Nacional, que les autorizó legalizar la estafa.
Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado son dos
cómplices conscientes en este proceso. Es una burla a la sociedad
dominicana y a las leyes que aprueba el Congreso, que son útiles para
cumplirlas cuando son los otros los perjudicados y no los gobiernistas y
sus cómplices.
Las empresas y contratistas que ejecutaron estas obras, si es que se
ejecutaron, son también cómplices, lo mismo que las autoridades de Obras
Públicas, el INDRHI, el sector agua y el sector energía, que se
prestaron a una ilegalidad y a un abuso desconsiderado de la
institucionalidad y el respeto.
Cómplices son también el ex presidente que tuvo que dar su aprobación
para la “ejecución” de las obras, el actual presidente que se prestó a
enviar una propuesta de ley de “Racionalización de Operaciones con el
Banco de Reservas”, y por supuesto son cómplices las autoridades de la
Superintendencia de Bancos, por todas las dispensas que les concedieron
al Banco de Reservas para ejecutar, a los ojos de los auditores, cerca
de 35 mil millones de pesos, de deuda pública, o ocultarlas como
operaciones privadas.
El mayor responsable de esto es, por supuesto, el Banco de Reservas
que se prestó a la patraña y que ahora, como si nada hubiese ocurrido,
envía las operaciones ejecutadas, como préstamos contraídos, al Congreso
Nacional y como si se tratara de obras por ejecutar.
El país no puede seguir con este relajo. Ese acto es ilegal de arriba
abajo. Es una ruptura grosera del orden legal y de los procesos legales
y normales de aprobación de leyes. Es una vergüenza que senadores y
diputados acojan como normal esta pretendida “Ley de Racionalización de
Operaciones con el Banco de Reservas”.
Este tipo de atropellos es lo que coloca al sistema político y a los
legisladores y funcionarios en el descrédito público, y lo que le quita
legitimidad y reconocimiento a un presidente de la República, a un
gobierno y al partido que le sustenta. El PLD, como actos absurdos y
burdos como este, no puede pretender seguir enarbolando la bandera del
respeto a la ley y de la supuesta defensa de la Constitución y la
dignidad. Eso es cosa del pasado”.
