SANTO DOMINGO:- El aumento del
precio del peaje anunciado el pasado 6 de marzo por el ministro de Obras
Públicas, Gonzalo Castillo, parece haber sido un globo de ensayo, una
bola lanzada por el gobierno para medir cómo batean los ciudadanos en un
país para no pocos sometido más que a la ley a la gula experimental de
quienes lo administran.
Desde el plató de un canal de televisión oficialista, el funcionario
sorprendió a la ciudadanía con la mala nueva de que los cuatro peajes
alrededor de la zona metropolitana serían aumentados de 30 a 100 pesos
ida y vuelta.
Las reacciones no se hicieron esperar, desde transportistas,
comerciantes, industriales y organizaciones sociales batearon la bola
disparando una línea que se abrió entre "left” y “right” amenazando con
dejar al gobierno del presidente Danilo Medina en el terreno de juego.
Tanto que antes de una semana el propio presidente se vio obligado a
dar la cara personalmente para contener las anotaciones ciudadanas que
daban cuenta de la impopularidad del anuncio.
No pocos se preguntan el porqué de una noticia como esta en momentos en que al gobierno no le faltan problemas.
La respuesta no es tan simple si se considera la urdimbre que con el
pasar del tiempo se ha creado con el cobro de los peajes en la República
Dominicana, sumándole la urgencia de recursos y la difícil situación
financiera en que el nuevo equipo de gobierno encontró las arcas
públicas hace año y medio.
De acuerdo con los expertos consultados, el primer error cometido por
el gobierno al anunciar el incremento de la tasa de peajes fue tratar
de justificarlo con la eliminación del 1% del valor de los vehículos por
el derecho a circular; el segundo, no haber tomado en cuenta la
historia de los peajes y su relación con el estado de las vías, y el
tercero no medir las consecuencias de la deriva ilegal de la posible
medida.
“Para eliminar el 1% del precio de los vehículos por derecho a
circulación el presidente Danilo Medina tendría que someter un proyecto
de ley que modifique la legislación que estableció ese impuesto. El año
pasado se hizo administrativamente violando la ley, ninguna medida
administrativa puede suspender el cobro de un impuesto”, dice el
analista presupuestario José Rijo Presbot.
Además del aspecto legal de la medida que Medina puso entre
paréntesis al expresar que la posición del aumento de la tarifa vial era
solo de una de las alas del gobierno, Rijo Presbot entiende que el
anuncio no es más que la revelación del manejo caprichoso y fuera de
presupuesto de sumas millonarias de recursos que comprometen la salud
financiera del país.
