SANTO DOMINGO.- El presidente del Núcleo Nacional de Alguaciles
(NAL), Félix Jiménez Campusano, denunció que en la Policía funciona una
"mafia" con los desalojos que ordena el Abogado del Estado.
Dijo que cuando los expedientes de desalojos llegan a la Uniformada,
son retenidos hasta que las partes interesadas los promuevan con altas
sumas de dinero. De lo contrario, les ponen muchos impedimentos.
"Ellos deciden cuáles desalojos se ejecutarán después de que el
Abogado del Estado los ordena, convirtiéndose en un tribunal de alzada,
constituyendo esa acción en atribuciones de funciones que no son de su
competencia", manifestó.
Consideró que "existe un desafío a los propietarios de escasos
recursos económicos, a la autoridad judicial, a la prensa y al país.
Aparte, cometen usurpación de funciones, corrupción, soborno, extorsión,
enriquecimiento ilícito, robos, estafas y abusos de confianza".
"A un propietario le exigieron RD$300,000, y luego trasladaron a los
oficiales que recibieron dicha suma, por lo que éste perdió su dinero",
contó.
También citó el caso de otro propietario de apellido De los Santos
Rosario, un minusválido que no puede valerse por sí mismo, "por lo que
nos comprometimos a ayudarle, pero en la Policía los expedientes dan 15
pasos, y ya ese señor los ha recorrido todos, y en diciembre le
informaron que por motivos a las navidades estaban parados todos los
desalojos".
"Ha intentado hablar con el jefe de la Policía, pero no se lo
permiten, ni siquiera ha podido ver a su asistente, el general Natera,
cuya secretaria se ha negado a darle los números telefónicos de éste
último", se quejó.
Añadió que "esa práctica hace que los agentes policiales, de manera
ilícita, reciban los "emolumentos" que les pertenecen a los
ministeriales y deciden hasta las estrategias de las ejecuciones, muchas
veces siendo analfabetos, ya que buscan imponer su autoridad,
desconociendo que son auxiliares de estos".
Jiménez Campusano sugirió la designación de un juez ejecutor de la
fuerza pública que ordene que en un plazo de 24 horas la Policía se
ponga a la disposición de los curiales sin revisión alguna.
