SANTO DOMINGO:-La Cámara de Cuentas de
la República (CCR) detectó violaciones a leyes y normas en la Junta
Central Electoral (JCE) en la ejecución de obras de construcción por un
valor superior a los 300 millones de pesos, en el año 2012, cuando se
celebraron las elecciones presidenciales.
En su defensa, los funcionarios de la JCE alegaron los aumentos en
los presupuestos de las obras se debieron a “error de diseño”.
Las anomalías cometidas por el órgano electoral y descubiertas por la
Cámara de Cuentas violanla Ley 340-06 Sobre Compras y Contrataciones
del Estado.
El informe de auditoría explica que la JCE ejecutó 23 obras en
distintos puntos del país, cuyos presupuestos fueron incrementados hasta
en un 61% de su costo inicial.
La una auditoría fue hecha entre enero y diciembre de 2012.
La entidad presupuestó para las obras un monto de RD$ 218 millones
747 mil, pero durante el proceso de construcción fue llevado a 304
millones 004 mil pesos, registrando un adicional de 85. 2 millones por
encima de lo estimado en el presupuesto para las construcciones.
Los aumentos fueron aplicados, según las autoridades del órgano
electoral, a partidas no incluidas y aumentos de volúmenes no estimados
inicialmente.
De las 23 obras levantadas durante el 2012 por la JCE, los auditores
tomaron una muestra de 11 edificaciones, de las cuales 9 sufrieron
incremento en su presupuesto superior al 25 %, en contra de lo que
establece la Ley 340-06.
El informe destaca la constricción en San Juan de la Majuana de las
oficinas del Registro Civil, donde operan también un Centro de
Cedulación y una Junta Electoral. La obra tuvo un costo inicial de
RD$37 millones y terminó en 59.6 millones de pesos, unos 22. 6
millones más de lo presupuestado.
Otra de las obras en la que alteró su presupuesto inicial fue la
construcción del local de la Junta Electoral de Pedernales, la cual fue
contratada en RD$ 36.6 millones y terminó costando la suma de RD$55.8
millones, una diferencia de 16.1 millones de pesos.
Los auditores advierten y critican también el incremento en el
presupuesto de la construcción del restaurante para empleados de la
sede principal de la JCE, obra adjudicada por RD$ 33.7 millones y que
luego aumentó a 43.7 millones de pesos, 9.9 millones de pesos por
encima de su costo inicial.
Asimismo, la constricción de las oficinas de la Junta Electoral de
Pepillo Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal, presupuestada en RD$
16. 4 millones, fue llevada a 22 millones de pesos, unos 5.6 millones
de pesos de diferencia.
Otras de las obras que superó el presupuesto inicial fue la
construcción de la oficina del Estado Civil de la provincia Barahona,
cuyo contrato fue de RD$ 35.6 millones y terminó en 46.8 millones de
pesos, 11.1 millones más de lo estimado en el presupuesto.
En el municipio de Sabana Yegua, en la provincia San Juan de
la Maguana, la Junta Central Electoral construyó las oficinas del Estado
Civil y Centro de Cedulación, adjudicada por un monto de RD$ 15.3
millones, pero el presupuesto fue elevado a 22.3 millones,
incrementando su costo en un 52 por ciento.
La Cámara de Cuentas considera que las autoridades de la Junta
Central Electoral habrían violado el Reglamento de Aplicación de la Ley
340-06 en su Artículo 117, que dispone:
“La entidad contratante podrá modificar, disminuir o aumentar, hasta
en un veinte y cinco por ciento (25%), el monto del contrato original
de obras públicas, y hasta el 50% en el caso de la contratación de
servicios, en ambos casos, siempre y cuando se mantenga el objeto
contractual y cuando se presente circunstancias que fueren
imprescindibles en el momento de iniciar el proceso de contratación y si
la única forma de satisfacer planamente el interés público y el
objetivo del contrato”.
Además, los auditores de la CCRD comprobaron que las edificaciones de
la JCE auditadas carecen de la aprobación de los planos por parte de
los organismos correspondientes, infringiendo el decreto 576-06 que
establece los requisitos de aplicación del Reglamento General de
Edificaciones y Tramitación de Planos.
Reacción oficial de la JCE
El informe de auditoría explica que las autoridades de la JCE
argumentaron ante los cuestionamientos de la Cámara de Cuentas, que los
aumentos se registraron por un error de diseño.
Según afirman los ejecutivos de la JCE, no fueron incluidas partidas para áreas de parqueos y verjas.
Argumentaron que tal situación fue notificada al CODIA,
entidad que, supuestamente, mantuvo el presupuesto en cada caso y
autorizó las construcciones.
“…Para evitar pérdidas entre las partes, se procedió a procurar el
equilibrio del contrato, al tenor de la Ley 340-06 sobre Compras y
Contrataciones del Estado”, argumentaron las autoridades del órgano
electoral.
Emisión de cheques a favor de funcionara
En la investigación contable los auditores encontraron cheques
emitidos a favor de la directora Administrativa de la Junta Central
Electoral, Cinthia Miguelina Pellicce Pérez, por el monto de RD$ 9
millones 106 mil 588, para -supuestamente- cubrir pagos a obreros que
trabajaban en la remodelación de locales de la entidad en 2012.
Al menos 19 cheques fueron retirados por la directora administrativa
durante el período auditado. Entre estos cheques hay que superan los
tres millones de pesos.
La Cámara de Cuentas considera que por el monto envuelto en los
gastos, los desembolsos no debieron de ser emitidos a favor de un
funcionario de la entidad.
El ente regulador de los fondos públicos le recuerda que la
función de la directora administrativa de la JCE no es emitir ni recibir
cheques a su favor, sino la de supervisar las actividades
administrativas y financieras de la institución pública.
El informe critica que la directora administrativa participara en el
procedimiento elaborado para regular la remodelación y adecuación de
los locales de la JCE, siendo esto una función de la Dirección de
Auditoría Interna, la cual establece las normas y políticas de la
institución.
En sus recomendaciones la CCRD sugiere a la máxima autoridad de la
JCE descontinuar la práctica de ordenar al director financiero emitir
cheques a favor de la directora administrativa para cubrir pagos de
remodelación de locales u otras obligaciones.
