SANTO DOMINGO.- El presidente del Consejo
Dominicano de Unidad Evangélica, reverendo Fidel Lorenzo Merán consideró
que el Poder Ejecutivo debe analizar las recientes modificaciones del
Código Procesal Penal por resultar contrarias a principios de la
Constitución, tales como la autonomía funcional del ministerio público,
garantía de los derechos fundamentales.
Merán expresó su preocupación por las reformas y recomendó un mejor
análisis y ponderación al artículo 85 reformado del código, porque si
bien permite que los ciudadanos presenten querella contra funcionarios
públicos, también debe protegerse la integridad de la función pública.
Debe buscarse una solución jurídica híbrida. Además del derecho de
querellarse contra funcionarios, deben establecer sanciones de multa,
indemnización e incluso prisión para los pleitos judiciales temerarios,
consideró.
A su juicio, persisten muchas incongruencias respecto a la
Constitución, pues uno de los párrafos del artículo 85 reformado viola
los artículos 169 y 170, de la Constitución de la República donde se
explicita que el ministerio público dirigela acción penal y ejerce la
acción pública en representación de la sociedad.
Otro tema muy delicado es el de la inviolabilidad de domicilio que es un derecho fundamental garantizado por la Constitución.
Tras la reforma, se permite a las autoridades revisar una vivienda
sin previa orden judicial lo cual, consideró Merán, abre la puerta a
abusos y complicaciones en un proceso de investigación.
Destacó el reverendo que la inviolabilidad de domicilio debe
garantizarse a toda costa y que la entrada de las autoridades en una
morada debe hacerse en un marco de respeto al honor e integridad de la
familia.
