SANTO DOMINGO:-El doctor Eddy Olivares Ortega, miembro de la Junta Central Electoral
(JCE), previó que la Ley de Partidos y Agrupaciones
Políticas no será aprobada antes del año 2016, porque, según afirmó, no
existe el interés de las élites que dominan las organizaciones políticas
principales de que así ocurra.
Argumentó que las reformas políticas y constitucionales en el país
han sido fruto de crisis, porque esas élites se benefician de la
situación vigente, que tildó de "antidemocrática".
Olivares Ortega dijo que los partidos no pueden continuar
con la práctica de escoger los candidatos y presentarlos a la JCE, sino
que deben ser escogidos de manera democrática.
Sostuvo que los estatutos de los partidos hablan de convenciones y
primarias, cuyos resultados opinó que se deben respetar, porque serán la
decisión de las mayorías.
Olivares Ortega explicó que para las elecciones del 2016 serán
elegidos 4 mil 200 cargos nacionales, provinciales y municipales,
incluidos el Presidente y el Vicepresidente de la República, que crearía
un ambiente complicado, por lo cual advirtió que si no se respeta la
democracia interna, lloverían las impugnaciones y surgirían los disgutos
en los partidos, que a la vez causarían fraccionamientos.
El miembro de la JCE manifestó que en un sistema democrático tiene
que existir reglas y procedimientos igualitarios para todos los
participantes, pero lamentó que la lógica indica que en el 2016 se irá a
las elecciones sin reglas para los partidos, aspecto que enfatizó
afectará todo el sistema de político y, por ende, a las mismas
organizaciones.
"La falta de reglas para las elecciones será terrible y traumática,
aunque luego de esos traumas habrá una reforma en la Ley General
Electoral 275-97", previó el jurista y miembro de la JCE.
Sentenció que si no hay una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas y
si no hay voluntad de la JCE para arbitrar los procesos de primarias de
los partidos, "lo que tendremos es un sistema de partidos debilitado,
dramáticamente debilitado y un panorama grave, porque no motivaría a
muchos a participar".
Observó, no obstante, que los estatutos de los partidos políticos,
principalmente del Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación
Dominicana (PLD), son más avanzados que la Ley 275-97, pero destacó como
aspecto importante que en esas organizaciones se respeten sus reglas
internas y los derechos adquiridos de sus militantes, como el de
afiliación, y sus decisiones mayoritarias.
Aboga por una JCE supervisora
Eddy Olivares Ortega criticó que el presidente de la JCE, Roberto
Rosario Márquez, se resista a supervisar los procesos internos de los
partidos políticos, a lo cual atribuyó las reclamaciones e impugnaciones
surgidas del Octavo Congreso Norge Botello del PLD, y en la pasada
convención del PRD.
A su juicio, en la JCE sus miembros no han cumplido con el deber de
ayudar al fortalecimiento de los partidos políticos, por entender que es
facultad de ese organismo fiscalizar y supervisar las convenciones
partidarias, más si se advierte que sería un evento conflictivo, como el
celebrado en el PRD.
Agregó que si la JCE cumple su rol y supervisa los procesos de
primarias de los partidos, para el 2016 no surgirían los graves
problemas derivados tradicionalmente en esos procesos, porque quienes
pierdan podrán observar que hubo una adecuada supervisión e intervención
de la autoridad facultada que dio transparencia a los resultados.
Critica al TSE
El jurista criticó la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE)
que avaló el padrón de militantes del PRD, y la definió de "aberrante",
"lamentable" y "terrible" por violar la Constitución de la República en
lo relativo al derecho de afiliación, según dijo.
"No hay forma de justificar la desafiliación involuntaria de un
militante de un partido político. Cuando usted desafilia a un militante,
sobre la base de razones legales, siempre es desatinado e
incalificable, porque viola su derecho", opinó Olivares Ortega.
Insistió en la necesidad de que los partidos políticos y los actores
sociales se aboquen y presionen la aprobación de la Ley de Partidos y
Agrupaciones Políticas y la reforma a la Ley General Electoral 275-97,
para fortalecer el sistema político dominicano.