SANTO DOMINGO:-El procurador general de la República, Francisco
Domínguez Brito, camina sobre arena movediza que lo llevaría directo a
un juicio político en el Congreso Nacional, organismo que persigue no
solo su destitución del cargo, sino también inhabilitarlo para ejercer
funciones públicas, si es encontrado culpable del delito de
prevaricación y abuso de poder en el ejercicio de sus funciones.
Así lo dejó saber este domingo el periodista César
Medina, en un trabajo especial que publicó en su edición de la fecha el
decano de la prensa dominicana, que recoge abundantes
elementos que según el embajador dominicano en España serían usados como
argumentos para enjuiciar a Domínguez Brito.
Según la información, se trata de un procedimiento
constitucional que sería llevado a cabo en el transcurso de esta semana
a cargo de un grupo de legisladores del Partido de la Liberación
Dominicana, apoyado por diputados y senadores aliados al oficialismo.
La acción contra Domínguez Brito radicaría
básicamente en acusarlo de utilizar de manera abusiva y arbitraria sus
funciones de procurador general de la República para promover sus
aspiraciones presidenciales, en franca violación del artículo 171 de la
Constitución dominicana.
Dicho artículo establece que “La función de
representante del ministerio Público es incompatible con cualquier otra
función pública o privada, excepto la docencia, y mientras permanezcan
en el ejercicio de sus funciones no podrán optar por ningún cargo
electivo público ni participar en actividad político partidista”.
Advierte que la violación de dicho mandato
constitucional se tipifica como prevaricación, un delito que se hace
susceptible a la destitución, a la acción penal y a la degradación
cívica.
El Senado tiene facultad para iniciar esa
interpelación, dice César Medina en su entrega, la que también consigna
que el juicio político contra Domínguez Brito igualmente conseguiría que
el Colegio Dominicano de Abogados le suprima el exequátur para ejercer
el oficio de derecho.
El productor y líder del programa televisivo Hoy
Mismo refiere en su crónica que existen pruebas documentales, imágenes
en video, fotografías y testimonios que comprometen al jefe del
Ministerio Público en actividades políticas partidarias.
La sanción congresual a Domínguez Brito
conllevará, además de la acusación de prevaricación por violar el
artículo 171 de la Constitución, también de los numerales 5 y 6 de la
Ley Orgánica que rige el Ministerio Público.
La ley orgánica 133-11 del Ministerio Público, establece en uno de sus considerandos, lo siguiente:
La Constitución establece un sistema de
carrera para garantizar la permanencia de sus integrantes hasta los 75
años de edad y proscribe que estos participen en actividades políticas
partidarias”.
El proceso incluiría interpelar, por parte del
Congreso Nacional, a un centenar de procuradores adjuntos, fiscales o
ayudantes de fiscales nombrados por Domínguez Brito en casi todos los
municipios del país, contra quienes se presentarían pruebas de que
forman parte de la estructura política de su jefe y que participan en la
campaña por su nominación presidencial.
César Medina asegura que existen “pruebas por
montones” para interpelar al procurador Domínguez Brito en ambas cámaras
del Congreso y por vía de hecho solicitar su destitución y sometimiento
a los tribunales bajo la acusación de prevaricación.
Conforme a su escrito, circulan imágenes de
televisión y fotografías en las que el procurador general de la
República juramenta a sus equipos de campaña en varias jurisdicciones
del país que se comprometen a impulsar su “candidatura presidencial” en
el 2016, así como grabaciones de audio que despejan cualquier duda sobre
sus propósitos electorales.
También dice que una de las razones que sustentan
la interpelación a Domínguez Brito de parte de influyentes legisladores
del PLD y grupos aliados, es “la intención marcada” de desacreditar las
administraciones de ese partido y particularmente la de Leonel
Fernández.
Agrega que “Ahora es contra Félix Bautista... Más
adelante será directamente contra Leonel Fernández y luego vendrá por la
cabeza de Danilo... Porque su fin es derribar la estructura de poder
que ha construido el PLD”.
Afirma que a Domínguez Brito lo llevarán ante las
barras del Congreso Nacional, primero a la Cámara de Diputados, y luego
al Senado de la República, donde se exhibirán en detalles las pruebas
que le incriminan en actividades políticas partidarias que le están
vedadas por la Constitución y por la ley orgánica del Ministerio
Público.
(Se llama prevaricación al delito que consiste en
que una autoridad comete alguna acción arbitraria en un asunto
administrativo o judicial, a sabiendas de que se trata de algo injusto.
Es comparable al incumplimiento de los deberes del servidor público. En
otras palabras, se trata de un abuso de autoridad que está sancionada
penalmente.
