SANTO DOMINGO:-La Asociación para el Desarrollo y Fortalecimiento de los Defensores
Públicos de la Republica Dominicana (AFDEPURD) abogó para que el
Congreso Nacional en la ley de Gastos Públicos del 2015, asigne a la
Oficina Nacional de Defensa Pública una partida presupuestaria
ascendente a unos RD$765, 136,437.45, para cubrir los 12 distritos
judiciales que restan por poner en funcionamiento.
María Ángeles Suarez y Rosa Linares, presidenta y vicepresidenta de la
entidad, en una carta enviada al presidente Danilo Medina sostienen que
solo con la aprobación de esa partida presupuestaria se puede cubrir las
plazas de 400 defensores públicos que requiere la Oficina Nacional de
Defensa Pública para abrir los distritos mencionados para la demanda
actual de servicio, fortaleciendo con la mejora de las condiciones y
salarios del capital humano existente en la actualidad, que cuenta con
123 defensores y 22 coordinadores.
“En las manos de los legisladores está el brindar a la Oficina Nacional
de Defensa Publica el apoyo necesario con la aprobación de la partida
presupuestaria, para que puedan ingresar nuevos defensores públicos,
abrir las oficinas que aun son reclamadas a nivel nacional, asegurar la
calidad de vida y permanencia del personal existente y contar con los
recursos económicos para que el servicio prestado, al que se ha
comprometido el Estado Dominicano, sea realmente de calidad”,
enfatizaron.
Señalan que hoy viven la penosa realidad de ver marchar a grandes
valores, disminuirse el capital humano de la institución, en busca de
mejores condiciones de vida, sin que esto motive la respuesta del Estado
en adecuar su situación salarial a las exigencias que su función impone
y de honrar el compromiso que ha asumido con el pueblo dominicano, de
brindarle una justicia en la que su acceso pueda ser garantizado y capaz
de solucionar conflictos, asegurando el pleno ejercicio del derecho de
defensa y cumpliendo el mandato constitucional.
“Hemos escuchado las inquietudes en el que se expresa la necesidad de
que sea fortalecida la justicia y de que los procesos alcancen su
termino de manera adecuada, discurso, que no es posible hacer realidad
sin una defensa publica sostenible, pues en la discusión de la
adecuación, revisión y aprobación del presupuesto nacional, la justicia
ocupa la palestra pública bajo el manto de seguridad jurídica”, aducen.
Señalan que la labor de los defensores públicos responde a una exigencia
establecida en la Constitución Dominicana, en su artículo 176, los
tratados internacionales de derechos humanos de los cuales el país es
signatarios y la normativa procesal penal nacional.
Manifestaron que durante 11 años la República Dominicana ha contado con
un servicio de asistencia legal gratuita, en materia penal, organizada a
través de la Oficina Nacional de Defensa Publica, el cual cuenta con un
brazo fuerte que se encarga de la gestión cotidiana de la asistencia
técnica a nivel nacional.
