Como “de trascendental importancia para el sistema
penitenciario de República Dominicana”, ha definido el procurador
general, Francisco Domínguez Brito, el envío por parte del Poder
Ejecutivo al Congreso, del Proyecto de Ley Orgánica que regula el
sistema correccional dominicano.
Domínguez Brito destaca que con la acción, el
presidente Danilo Medina demuestra su interés y sensibilización en
cuanto al tema carcelario del país, el cual a su juicio, es neurálgico y
vital para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, considerando
que las personas privadas de libertad, deben ser tratadas bajo un
régimen de atención integral que permita su rehabilitación y posterior
reinserción social y laboral.
“Agradecemos al presidente Danilo Medina que haya
dado prioridad a este tema de tanta importancia, ya que con el envío de
dicho anteproyecto de ley, el país se aboca a cerrar todo un capítulo en
la historia del sistema carcelario, en donde estaremos construyendo el
futuro de una sociedad más segura, considerando que los recintos
penitenciarios no estarán funcionando con el único propósito de hacer
cumplir una condena, sino de transformar en positivo internamente a los
privados de libertad”, expresa el Jefe del Ministerio Público a través
de un comunicado de prensa.
Asegura que de aprobarse dicho proyecto de ley, se
estaría cerrando el paso en gran porcentaje a la reincidencia de
quienes por una razón u otra han infringido la ley penal, ya que bajo la
modalidad de centros correccionales se estaría trabajando con los
privados de libertad en su capacitación educacional, la reflexión, el
soporte espiritual y un seguimiento oportuno que permita abrirle los
ojos a otro estilo de vida más digno y lejos de actos delincuenciales,
conjuntamente con el fortalecimiento de los vínculos familiares de cada
uno de ellos.
El Instituto Nacional de Servicios Correccionales
(INSEC) sería un organismo desconcentrado de la Procuraduría General de
la República, con autonomía presupuestaria, administrativa y financiera,
que regirá el Sistema Correccional de la República Dominicana.
El proyecto contempla para el funcionamiento del
sistema correccional, la conformación de la Academia Superior de
Estudios Penitenciarios, la Inspectoría General del Sistema Correccional
y la Capellanía General Correccional, en cuyos estamentos estarían
además involucrados los ministerios de Salud, Educación, el de Defensa,
entre otros, así como la figura del Procurador General Adjunto
Penitenciario.
Entre los “considerandos”que contiene el
anteproyecto, se destaca que “el Estado dominicano ha suscrito y
ratificado tratados y convenios internacionales que establecen
compromisos ineludibles para la nación dominicana, en materia
penitenciaria”; y destaca “el avance del Nuevo Modelo de Gestión
Penitenciaria de la República Dominicana, señalando que ha logrado
resultados altamente positivos en la corrección, rehabilitación y
reinserción social de los internos e internas, que han recibido
programas integrales de tratamiento, en base a la educación, terapias
ocupacionales y valores éticos y morales”.
Igualmente resalta que “el Nuevo Modelo de Gestión
Penitenciaria de la República Dominicana ha sido reconocido y asumido
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), como referencia para
Latinoamérica y el Caribe, por su eficacia en la corrección,
rehabilitación y reinserción social de las personas en conflicto con la
Ley Penal”.
El funcionamiento del sistema correccional estará
integrado por el Consejo Nacional de Servicios Correccionales (CNSC), el
Instituto Nacional de Servicios Correccionales (INSEC), la Academia
Superior de Estudios Penitenciarios (ASEP), la Inspectoría General del
Sistema Correccional y la Capellanía General Correccional.
El propósito de dicha ley es fortalecer y
desarrollar en su máxima expresión, el sistema penitenciario del país,
garantizando desde una óptica integral, la rehabilitación de los y las
privadas de libertad en todo el territorio nacional, apegados al respeto
a la dignidad, la no discriminación y bajo las garantías de los
derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
