MADRID, España.-El expresidente de la República Dominicana, Leonel
Fernández, solicitó este jueves la colaboración, a modo de consulta, de
juristas de la Universidad de Alcalá para ayudar a esclarecer la
sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
La CIDH ordenó al país modificar su Constitución para conceder la
nacionalidad incondicionalmente a todos los nacidos en territorio
dominicano.
Fernández hizo la petición tras recibir La Medalla de Oro de la
Universidad de Alcalá en reconocimiento a sus aportes a la educación.
“Yo creo que esa consulta de los juristas y catedráticos de la
Universidad de Alcalá contribuirá a esclarecer un tema que es de
singular relevancia y trascendental para la supervivencia de la
República Dominicana”, indicó.
Dijo que de ser acogida su petición la asesoría se haría a través de
juristas y catedráticos del Departamento de Derecho de dicha universidad
que se han especializado en materia de derecho y nacionalidad.
El exjefe de Estado reiteró su opinión de que la CIDH se extralimitó
en su sentencia, al pretender obligar al Estado dominicano a modificar
su Constitución, leyes y reglamentos para aplicarles el “jus soli” de
manera incondicional a todos los nacidos en su territorio.
Reconoció que la Declaración Universal de los Derechos Humanos
establece que todos los individuos tienen derecho a una nacionalidad,
pero también recordó que la Convención de La Haya le otorga a cada
Estado la prerrogativa de manejar soberanamente ese aspecto de su vida
interna.
“Hay una extralimitación, toda vez que se le ha concedido carácter de
violación a los derechos humanos a lo que no es más que un derecho
concedido a los Estados en virtud de la Convención de La Haya de 1930,
que a cada uno corresponde el derecho inalienable de conceder la
nacionalidad a sus hijos en su territorio, en su país”, expuso.
Fernández observó que en materia de otorgamiento de la nacionalidad
hay una analogía entre el derecho dominicano y el de España.
“La Constitución española de 1978 establece que son españoles los
hijos e hijas de nacionales españoles. Los demás casos son remitidos al
Código Civil de España”, explicó.
