TRINIDAD Y TOBAGO:-Tras meses de campaña activa en foros
internacionales condenando la sentencia del Tribunal Constitucional de
República Dominicana, que busca regular el estatus de miles de familias y
extranjeros en el país, Trinidad y Tobago acaba de anunciar una campaña
nacional para terminar con la inmigración ilegal en ese país, lo que
podría llevar a la expulsión de más de 110 mil extranjeros
indocumentados que viven en esa isla del Caribe, según una declaración
del ministro de Seguridad Nacional, Gary Griffith.
La más activa
en esa campaña fue la ministra de la nación insular, Kamla Persad-
Bissessar. La jornada de búsqueda de ilegales incluye inspecciones
“puerta por puerta”, aunque Griffith ha asegurado que no se trata de una
“caza de brujas”, sino que pretende regularizar la situación de los
indocumentados.
En una conferencia de prensa el 29 de octubre de
este año, Griffith declaró: “Si usted es un inmigrante ilícito, sea de
África, el Caribe o Marte, usted está violando la ley, y todo lo que
estoy haciendo como ministro es garantizar que la política (con respecto
a esas personas), se haga cumplir”.
Según él, en su país “no
existe discriminación ni perjuicios por parte de las autoridades a la
hora de tratar con los inmigrantes”.
Todos los extranjeros en una
situación de ilegalidad en Trinidad y Tobago tienen de plazo hasta
inicios de enero de 2015, para lo que faltan dos meses, y presentar su
documentación en orden en el país. Quien no lo haga enfrentará
automáticamente la deportación.
El ministro de Seguridad nacional le
dijo al periódico Trinidad and Tobago Newsday que el gobierno tiene en
plan ejecutar una campaña de deportaciones, que incluirá visitas casa
por casa. Su propósito es, según indicó, reducir el delito.
Griffith
relacionó la presencia de indocumentados con el aumento de la actividad
criminal en la isla caribeña y señaló que “la expulsión de los
indeseados tendrá un impacto positivo en la lucha contra el delito”.
“No
es casualidad que este problema haya comenzado justo en el mismo
período en el que escaló la actividad criminal, alrededor de 2004 o
2006. Esto muestra una relación entre los inmigrantes ilegales y delitos
serios”, dijo Griffith.
Aclaró que no todos los inmigrantes en
situación irregular serán deportados, solo aquellos que “sean una carga
para el erario público, no tengan empleo, no se conozca una vivienda
estable, o que sean ‘una amenaza para la seguridad nacional’ deberán
abandonar el país”.
“Los inmigrantes ilegales están utilizando el
sistema educativo, de salud, y las oportunidades de empleo”, destacó
Griffith, quien agregó que el país recibe con brazos abiertos a la
inmigración pero que esta debe ser legal.
“Después de que la ventana [de
dos meses] se cierre, [con] todas las personas que no han sido
regularizadas estaremos haciendo una campaña masiva (…)iremos casa por
casa y cualquier persona que esté aquí ilegalmente la enviaremos de
vuelta a su casa”, declaró Griffith al diario. “Más del 10% de la
población adulta en este país son personas que están aquí ilegalmente”,
añadió.
El 16 de octubre de 2013, en Puerto España, la primera
ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, condenó la
sentencia del TC dominicano, que, según dijo, afecta a miles de
descendientes de haitianos, aunque el fallo solo busca favorecer a miles
de extranjeros mediante la regularización de su estatus en el país,
para lo cual ya se implementa un plan, con carácter gratuito, al que se
han acogido miles de ciudadanos de otros países, especialmente
haitianos. Persad- Bissessar también llegó a llamar a la unidad de ese
ente regional para fustigar el fallo del ente constitucional del país.
