SANTO DOMINGO.- La Comisión Nacional de los
Derechos Humanos advirtió que los jueces han mandado un mal mensaje a la
sociedad al variar la medida de prisión a uno de los acusados de
participar en la muerte de un regidor de Bayaguana.
Según la Comisión, “la decisión del juez Darío
Gómez de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia Santo
Domingo constituye una alerta y manda un mensaje a la sociedad
dominicana frente a la maltrecha credibilidad del sistema de justicia
penal”.
La denuncia se debe a que hace cinco días el juez
de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo varió la medida
de coerción de prisión preventiva a garantía económica a Freddy Alberto
de la Cruz, uno de los implicados en el asesinato del regidor Renato de
Jesús Castillo.
El juez Darío Gómez le impuso el pago de una
garantía económica de un millón de pesos que deberá ser pagada a través
de una compañía aseguradora y presentación periódica ante el tribunal.
“Los presupuestos no podían variar si el imputado
presentó al Juez Darío Gómez cinco domicilio distintos, lo cual ponía en
duda su arraigo al no precisar el domicilio que debe corresponder a
cada persona y más frente a la duda que esto representa por tratarse de
una persona acusada de pertenecer al crimen organizado, tampoco tomó en
cuenta el Juez de la Instrucción de la Corte la gravedad del hecho del
que está acusado como orquestador o cómplice de la muerte del Regidor de
Bayaguana conforme a la acusación ya presentada por el Ministerio
Publico”.
Y agrega el comunicado enviado a los medios: “Todo
indica o hace suponer que la decisión del Juez de la Instrucción Darío
Gómez al variar la medida de coerción al imputado Freddy Alberto de la
Cruz no fue esta una decisión basada en el derecho ya que también
inobservó o pasó por encima a la Resolución Núm. 58-2010 de la Suprema
Corte de Justicia sobre los criterios que los jueces deben tomar en
consideración para la imposición o variación de la medida de coerción
consistente en prisión preventiva, lo cual es grave en su condición de
Juez de un Tribunal de Alzada”.
