PUERTO PRÍNCIPE:-Haití no pudo superar una prolongada crisis política en el 2014, y
aunque a finales de éste los principales actores políticos iniciaron un
nuevo intento de diálogo que ya le costó el cargo al primer ministro
Laurent Lamothe, el país corre el riesgo de enfrentar una situación
verdaderamente comprometida si no resuelve sus graves problemas el
próximo año.
El mayor reto reposa en el compromiso del Poder
Ejecutivo, de los legisladores y de los partidos políticos para ceñirse a
los acuerdos que se logren a partir de ahora, y en el cumplimiento de
los cortos plazos que tiene la nación para evitar caer en un vacío
institucional como ha advertido la Misión de la ONU para la
Estabilización de Haití (Minustah).
El 12 de enero del próximo
año concluirá el mandato de dos tercios del Senado y de todos los
miembros de la Cámara de Diputados, lo que dejará al Parlamento sin
funciones al no haberse elegido a los nuevos legisladores.
Pero el problema no es solamente político.
A
principios de septiembre pasado, la Comisión para América Latina y el
Caribe (Cepal) advirtió que la crisis política impactó el desempeño
económico de Haití, que este año crecerá menos debido a un menor
dinamismo causado, entre otros factores, por la tardanza en la
aprobación del presupuesto del 2014, derivado de las diferencias entre
el gobierno y el Legislativo.
En el plano internacional, la larga
crisis podría afectar el diálogo que sostiene con República Dominicana,
iniciado en enero pasado tras un año plagado de altercados comerciales y
por una sentencia sobre el derecho a la nacionalidad que afectó a miles
de inmigrantes haitianos y a sus descendientes radicados en territorio
dominicano.
Ante la demora para encontrar una salida, el
presidente haitiano Michel Martelly anunció a fines de octubre que
gobernaría por decreto y que convocaría a elecciones legislativas y
municipales, por lo que fue nuevamente criticado por la oposición.
Las
diferencias entre el jefe de Estado y los legisladores se remonta a
finales del 2011, cuando el diputado Arnel Bélizaire fue detenido a su
regreso de Francia, acusado de evadir la prisión en el 2005, adonde fue
enviado por cargos de secuestro y porte ilegal de armas.
En
represalia, el Poder Legislativo encargó a una comisión investigar la
nacionalidad del presidente Martelly, que antes del arresto había
acusado a Bélizare de haberle faltado el respeto durante un encuentro en
el palacio de gobierno.
Los enfrentamientos se mantuvieron por
diversos motivos en el 2012 y 2013, y entre acusaciones por la inacción
del Parlamento y por la forma autoritaria de gobierno de Martelly. Antes
de la ley electoral, algunos legisladores bloquearon la conformación de
un tribunal electoral, que al final fue designado por decreto por el
Presidente haitiano.
En marzo pasado, el Poder Ejecutivo, el
Parlamento y los partidos políticos suscribieron un pacto nacional que
debía permitir la realización de elecciones.
Pero el acuerdo fue
rechazado por un grupo de seis senadores que se niega a aprobar una
reforma a la ley electoral, y por otros seis partidos de la oposición
más radical que exigían al gobierno que se ciña a la Constitución para
realizar elecciones parciales que finalmente fueron aplazadas sin fecha
el pasado domingo 26 de octubre.
En un nuevo intento para superar
la crisis, el gobernante inició en septiembre de este año nuevos
contactos con sectores de la vida nacional, y se reunió incluso con
cuatro de seis senadores a los que el gobierno acusa de bloquear los
comicios evitando la aprobación de una reforma a la ley electoral.
Martelly
anunció a fines de noviembre la conformación de un comité consultivo
integrado por once destacadas personalidades de la sociedad haitiana,
con la tarea de recoger los resultados de las consultas realizadas por
el mandatario.
Una semana después, la comisión recomendó la
renuncia del primer ministro, la destitución del actual consejo
electoral provisional (CEP) y la dimisión del presidente del Consejo
Supremo, Anel Alexis Joseph; además de la suspensión de las
movilizaciones contra el gobierno y la liberación inmediata de los
presos políticos que denuncia la oposición.
El organismo también
pidió a los senadores votar las enmiendas a la ley electoral con el fin
de facilitar la celebración de elecciones en el país y la instauración
de una tregua política para facilitar el nombramiento y la instalación
de un nuevo gobierno de consenso.
El problema ahora es cumplir el calendario propuesto por el comité, que el propio Martelly ha cuestionado.
Haití
tenía hasta este miércoles para la designación de un nuevo primer
ministro, para la dimisión del presidente del Consejo Superior del Poder
Judicial (aún sin compromiso anunciado), así como para la realización
de consultas entre el mandatario y los presidentes de las cámaras
legislativas, hecho este último que ya sucedió.
La comisión
también dispuso que entre el 17 y 24 de este mes tendrá lugar la firma
de un pacto por el consenso entre el Presidente y los partidos
políticos, la destitución de todos los integrantes del CEP y las
consultas para la conformación de un nuevo órgano electoral.
También
debe producirse la votación de la ley electoral en el Senado, la
instalación del nuevo gabinete y el voto de confianza en el Parlamento a
la política general de la nueva administración.
Martelly dijo el
martes que la crisis en su país está lejos de resolverse con la
dimisión del primer ministro y del tribunal electoral.
