SANTO DOMINGO.- La Procuraduría General solicitó
este martes al Tribunal Constitucional que emita en el “corto plazo” su
decisión sobre el recurso de inconstitucional contra el contrato del
Estado dominicano con la empresa ICSSI, para la instalación de un
sistema de rayos equis en los puertos del país.
Así lo expresa el procurador general Francisco Domínguez Brito en una
carta dirigida al presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray
Guevara, con fecha de este 6 de enero del 2015.
Domínguez Brito se refiere a un recurso de inconstitucionalidad
contra el referido contrato elevado por el Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP), que sostiene que el Congreso violó la
Constitución en el conocimiento y aprobación de la resolución acogiendo
el convenio que le remitiera el Poder Ejecutivo.
En la misiva, el procurador general le recuerda al presidente del
Tribunal Constitucional, que el Ministerio Público emitió
“oportunamente” su opinión al respecto, solicitando declara “no conforme
con la Constitución” la resolución impugnada por el CONEP y que da
vigencia al contrato de la sociedad comercial ICSSI y el Estado
dominicano.
“En atención a lo delicado del caso en cuestión, el suscrito encamina
la investigación correspondiente a los fines de determinar
objetivamente si el interés público tutelado por la ley fue afectado en
el proceso de suscripción y aprobación congresual del referido contrato,
para, si fuere de lugar, impulsar las acciones correspondientes, por lo
cual está a la espera del fallo sobre la acción de inconstitucionalidad
arriba señalado, cuyo plazo está ventajosamente vencido”, dice
Domínguez Brito en la comunicación dirigida a Ray Guevara.
Agrega: “En esa virtud, le agradeceré imponer las gestiones que sean
de lugar para que el Tribunal Constitucional emita la decisión sobre el
particular en el corto plazo”.
La alta corte conoció el caso en audiencia celebrada el 23 de agosto
del 2013. Se trata de una acción directa de inconstitucionalidad
interpuesta por el CONEP contra la resolcuóin 188/03, mediante la cual
el Congreso, en fecha 15 de diciembre del 2003, aprobó el contrato de la
empresa ICSSI y el Estado dominicano para la instalación de un sistema
de escaneo de furgones en puertos a través de rayos equis.
El contrato data del 18 de julio del 2002 y fue enviado al Congreso
por el entonces presidente Hipólito Mejía, argumentando la necesidad de
combatir el crimen organizado, principalmente el tráfico de drogas,
armas y personas.
Sin embargo, los sectores productivos rechazaron la instalación de
las máquinas por considerar que elevarían los costos de los procesos en
las aduanas y puertos del país.
