SANTO DOMINGO:-La Procuraduría General de la República
solicitó ayer medida de coerción en contra de dos fiscales adjuntos de
la provincia Santo Domingo, y de varios agentes de la Policía Nacional,
acusados de la sustracción de más de mil kilos de cocaína de la
Dirección Central Antinarcóticos (Dican) de la institución del orden.
La
solicitud fue presentada por ante el presidente de la Cámara Penal de
la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo, Manuel del Socorro
Pérez García, en contra de los fiscales y otros agentes cuyos nombres no
fueron revelados.
La Secretaría del tribunal no informó si la
solicitud de medida de coerción consiste en prisión preventiva, garantía
económica, impedimento de salida o presentación periódica.
Se
informó que en el transcurso de hoy, viernes, el presidente del tribunal
apodere del caso a uno de los magistrados de alzada para que haga las
funciones de juez de instrucción.
Al principio, la solicitud de
medida de coerción y asignación de juez fue depositada por ante el
juzgado de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo, pero luego
fue retirada y apoderada a la presidencia de la Corte, en vista de que
los fiscales adjuntos involucrados en el hecho tienen jurisdicción
privilegiada.
En torno al hecho fueron interrogados por la
comisión investigadora los fiscales adjuntos Máximo Díaz y Leonidas
Suárez, quienes participaron en el allanamiento del pasado 27 de
septiembre en una residencia del ensanche Isabelita, en el municipio
Santo Domingo Este.
Por el hecho también fueron interrogados por
la comisión que integran los procuradores adjuntos Bolívar Sánchez Veloz
e Iván Lorenzo, el sargento mayor, Antolín de los Santos, Agapito Mena
Almánzar, Pedro José Almánzar, el raso Rainier García, entre otros.
El
propio procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito,
calificó de “delicado y muy serio”, el caso de la Dican. Durante el
curso de la investigación salió a relucir que los oficiales de la Dican y
los dos fiscales adjuntos recibieron más de 107 millones de pesos y que
la droga había sido devuelta a sus propietarios.
El caso ha
concitado la atención de la opinión pública, al ocurrir en tiempos
cuando el gobierno desarrolla una reforma estructural en la Policía.
