SANTO DOMINGO:-El Procurador General de la República, Francisco
Domínguez Brito, solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia
investigar la actuación de la jueza que ordenó la entrega de US$20.8
millones a la sociedad Prado Universal Corp, compañía constructora de la
Torre Atiemar, cuyo presidente es el español Arturo del Tiempo.
Domínguez Brito, en la misiva enviada al magistrado Mariano Germán
Mejía, dice que se debe iniciar una investigación en contra de la
actuación de la magistrada Awilda Reyes Beltré, de la Cuarta Sala Penal
del Distrito Nacional, quien también condenó a la Procuraduría al pago
de un astreinte de un millón de pesos diarios por cada día de retardo
al cumplimiento de dicha sentencia.
Sostuvo que la jueza no tomó en cuenta ninguno de los medios
presentados por los impetrados en el desarrollo del conocimiento de la
audiencia de amparo, asumiendo como una violación al derecho de
propiedad y del ejercicio de la libre empresa un crédito que no se ha
constituido, y que por lo tanto no es susceptible de liquidación ni de
exigibilidad.
Expresó que el tribunal le reconoció a los accionantes “ignorando
todo el debido proceso penal y civil agotado en el caso en cuestión,
asumiendo la jueza de manera incomprensible que la ejecución de
actuaciones judiciales han perjudicado derechos fundamentales de la
impetrante del amparo”.
Domínguez Brito calificó de abusiva la sentencia dictada por la
magistrada Reyes Beltré en contra del Ministro de Hacienda, el
administrador general del Banco de Reservas y los miembros de su Consejo
de Administración, a la Fiscal del Distrito Nacional y a Procuraduría
al condenarlo al pago de "sumas absurdas de dinero sino obtemperar al
reconocimiento inmediato de unos derechos supuestamente afectados”.
Sostiene que es deber fundamental de todo juez de amparo ponderar,
con estricto apego al derecho, los argumentos de todas las partes
envueltas en la acción.
Plantea que la jueza reconoce los derechos que las partes envueltas
poseen y desean proteger, valora la interacción de los mismos, “cosa que
lamentablemente no ha ocurrido en el caso de la especie.
Expresó que se pudiera constituir en un obstáculo a la lucha de las
autoridades nacionales contra la criminalidad organizada transnacional,
ya que acciones como esta pudieran tratar de amilanar o mermar las
actuaciones del Estado en esta materia”.
Argumento jueza
La magistrada acogió una acción de amparo manifestando haberse
comprobado que los valores constituyen la diferencia del total de la
acreencia del Banco de Reservas sobre el valor total del inmueble Torre
Atiemar, no han sido depositados a la cuenta abierta para tales fines, a
nombre de la Fiscal del Distrito Nacional.
La acción de amparo fue interpuesta por Prado Universal Corp.,
sociedad comercial constituida en Panamá, representada por su
administrador general, Jorge Postigo Silva, por intermedio de sus
abogado Manuel Olivero Rodríguez y René del Rosario.
Sostienen que Banreservas resultó adjudicatario de los 36
apartamentos por la suma de US$34 millones, más US$145,884.15 por
concepto de honorarios de los abogados.
Asimismo, entienden que tanto el mandamiento de pago que establecía
el monto y el pliego de condiciones de la deuda de RD$551 millones,
equivalentes en ese momento al monto de US$14.3 millones, dejó un
excedente de US$20.8 millones.
La jueza plantea que el secuestro de la Torre Atiemar, en marzo del
2011, fue levantado a los fines de que Banreservas realizara embargo
inmobiliario en virtud de la hipoteca en primer rango que tenía el
inmueble.