JUSTICIA
SANTO DOMINGO.- Autoridades judiciales de la República Dominicana sospechan que una organización criminal, parte de cuyos integrantes fueron detenidos la semana pasada a través de la “Operación Falcón”, habría financiado campañas políticas de personas que actualmente son legisladores, alcaldes y concejales.
Según el Ministerio Público, uno de los cabecillas de dicha organización, identificado como Randhiel Mosquea Polanco, financió toda la campaña de Nelson Marmolejos Gil, actual diputado de Santiago de los Caballeros por el gubernamental Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Solamente el día de las elecciones Mosquea Polanco invirtió más de RD$9 millones y Lenin Torres Bueno, otro implicado, RD$550,000.
Aunque no se ha dicho claramente cómo y para qué fue hecha esa “inversión”, el expediente del Ministerio Público afirma que la revelación en este sentido fue hecha por Torres Bueno durante una conversación telefónica que sostuvo el pasado 9 de julo de 2020. No se ha especificado cómo las autoridades grabaron este diálogo.
Según las autoridades, la organización de narcotráfico y lavado de activos realizada desde el año 2012 actividades ilícitas, las cuales se intensificaron a partir del 2017. El grupo traía cocaína desde Europa y la trasladaba a Puerto Rico y Estados Unidos, teniendo como base de operaciones la ciudad de Santiago.
Traficó 2,500 kilos de cocaína semanales y movilizó mas de US$500 millones. Sus “ganancias” las invirtió en empresas dedicadas a la producción, estaciones de combustibles, entidades financieras, agencias de vehículos, inmuebles, fincas agrícolas y de ganado así como en prendas.
Pedirán un Juez especial
La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, dijo que solicitaría este lunes a la Suprema Corte de Justicia que designe a un juez especial para que conozca la acusación contra los legisladores involucrados en este caso.
Explicó que la solicitud se hará en virtud de la jurisdicción privilegiada de que gozan los legisladores, «para que eso no que impida que sean judicializados».
Expediente sólido
Reynoso dijo que “es una investigación compleja, que lleva bastante tiempo, pero el Ministerio Público armó el expedientes con miles de páginas y pruebas suficientes para demostrar la implicación de los imputados en la red internacional de narcotráfico y lavado de activos».
«El MP tiene miles de páginas que comprueban los hechos”, aseguró la fiscal a su salida de la sala de audiencia donde este domingo se conocería la solicitud de medida de coerción contra los 21 implicados en el caso.
Los acusados son el titular de la Dirección General de Comunidad Digna, el exdiputado Juan Maldonado, el diputado Héctor Féliz, Rafael de Jesús, Marisol López, Elva Teresa Polanco, Víctor Paulino, Francisco Linares, Adolfo Torres, Julio César Jiménez, José Alejandro de la Cruz, Juan José de la Cruz (el Michero o El Don), María Olimpia Tavares (la Princesa), Lenin Bladimir Torres y Delfina Asunción Polanco, entre otros.
Aplazan conocimiento medidas
La Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago aplazó para las 9:00 de la mañana del próximo viernes la audiencia en la que se conocerán las medidas de coerción a los 21 imputados, contra quienes el Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva.
El aplazamiento fue solicitado por los abogados de al menos cinco de los acusados.
