El PRD rechaza sentencia de la SCJ sobre arbitrios a las compañías telefónicas.

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Santo Domingo: El ex presidente del PRD, Ramón Alburquerque, considera que la Suprema Corte de Justicia fue demasiado lejos con su sentencia en la cual niega la facultad constitucional de los ayuntamientos para fijar arbitrios o cobrar impuestos del 3% de los ingresos brutos de las empresas de telecomunicaciones establecido en el artículo 284 de la Ley no.146-07 sobre organización municipal.

Manifestó, que los Municipios ejercen la más delicada función en los estados modernos porque cuidan de la vida diaria de la ciudadanía, que resulta pesarosa en las naciones pobres o emergentes, de donde resulta grotesco negarle la posibilidad de recaudar los ingresos necesarios a tales fines.

Dijo que el desarrollo tecnológico ha hecho que las telecomunicaciones constituyan uno de los sectores más dinámicos donde tenga participación el gobierno local, percibiendo ingresos de esta actividad que tanto usa los espacios públicos y el espectro radioeléctrico donde dejan un cierto grado de contaminación magnética que debe ser, entre otras cosas, compensado en provecho de los habitantes mediante el pago de impuestos o contribuciones a los ayuntamientos.

Aseveró que los medios noticiosos del país, tienen en esta sentencia una gran oportunidad para apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de los humildes que son el blanco de público de los ayuntamientos, los medios de comunicación deben opinar rechazando esta sentencia unilateral que solo defiende los emporios que siempre rechazan el pago de sus obligaciones tributarias.

Alburquerque es de opinión que en esta sentencia, como en otros casos la Suprema Corte de Justicia, defrauda la confianza de la ciudadanía, porque los impuestos son un instrumento de redistribución de la renta social, usado por el legislador con toda legitimidad, para provecho de los más necesitados en forma de más y mejores servicios y asistencia pública.

Pidió a los miembros de la SCJ, revisar tan inesperada decisión porque la misma ignora los modernos criterios de política social que reconocen a las mayorías nacionales el sagrado derecho de una vida mejor.