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sábado, 14 de agosto de 2010

El Ministerio Público nombra y cambia jueces en el Distrito Nacional cuando no son de su agrado o no es favorecido con sentencias.

En Contacto con el Pueblo.com

Santo Domingo:- El ministerio público, vía el Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, cambia los jueces cuando no son de su agrado o no es favorecido con sentencias.

Eso lo ha hecho esta vez Hotoniel Bonilla (Hotico), con la juez que conocía el caso contra los ex funcionarios del Banco Central, quienes son víctimas de un expediente fabricado en el Departamento de Prevención de la Corrupción.

Anoche, los abogados de los ex funcionarios se enteraron que la juez coordinadora de los Juzgados de Instrucción obedeció la orden que le dio Hotico Bonilla y reemplazó a la juez que conocía el caso.

Es un cubo de agua a la independencia de los jueces y una clara señal de que ante los cambios que deben venir en la judicatura, se la "están buscando" con el gobierno sin que esto parezca importar a sus superiores en la Suprema Corte de Justicia, muchos de los cuales podrían salir próximamente de sus cargos.

Rosaba Garig Hoguín, juez coordinadora de los Juzgados de Instrucción, sustituyó a la jueza Patricia Padilla, quien había sido designada para conocer un envío en casación de la Suprema Corte de Justicia sobre el vencimiento de los plazos para el sometimiento de los ex funcionarios.

La juez Garig Hoguín, admite en su auto No.13-1-2010 que actuaba a instancia de una petición de Hotico Bonilla, quien no ha logrado hacer que la juez sustituida cometa disparates judiciales como extralimitar el auto de la Suprema Corte de Justicia.

En dos sesiones que tuvo la juez sustituida el Ministerio Público, hizo dos actos contrarios a decisiones de la juez.

Primero presentó una oposición a una decisión que excluye a Manuel Rubio de su actuación porque así manda la Suprema Corte.

Luego, sin conocer la sentencia de la juez, hizo un reclamo de sobreseimiento para que la Suprema opinara sobre su sentencia.

Por eso, la jueza Padilla, fijó audiencia para el 6 de octubre, dando un plazo a la Suprema para conocer el incidente. La Ley dice que la Suprema debe pronunciarse en 30 días.

Como el Ministerio Público no ha logrado ganancia alguna durante el proceso, pues casi todas las acusaciones se cayeron, ahora trata de transformar el caso en otra “mil y una noches” para evitar su derrota jurídica.