SANTO DOMINGO:-La Asociación Dominicana de Agrimensores (ASODAGRIM) presentó su formal oposición contra la designación del agrimensor Luís Antonio Bonetti como Director Nacional de Mesuras Catastrales, dependencia de En una comunicación enviada por ASODAGRIM al presidente del Consejo del Poder Judicial, mariano Germán, le explica que cuando Bonetti se desempeñaba como director de Mesuras Catastrales en los años 2003-2007 fue responsable por comisión u omisión de los principales males que aquejan la JI.
“La designación interina de Luís Antonio Bonetti está marcada por las cualidades que mostró durante su pasada gestión del 2003 al 2007, la cual se caracterizó por su escasa disposición a escuchar, ponderar, compartir, informar, discutir y concertar las numerosas y diferentes discrepancias existentes…”, explica la posición fijada por ASODAGRIM.
Dentro de los nuevos cambios, la ASODAGRIM también objeta a la ingeniera Alba García Ruiz como encargada interina de la Unidad de Apoyo a Mesuras, al entender que ese cargo debe ser desempeñado por un agrimensor colegiado con experiencia.
“En la Unidad de Apoyo a Mesuras es donde los agrimensores de todo el país sometemos para fines de revisión y aprobación, sobre todo porque actualmente la JI está en un período de transición entre la vieja ley 1542 y la nueva 105-05, razón por la que la encargada deber ser una persona con suficiente experiencia como agrimensor”, explicó Juan Manuel Sosa.
La asociación solicitó a la Suprema Corte de Justicia y Consejo el Poder Judicial que convoque a un concurso para que se escoja definitivamente al Director Nacional de Mesuras Catastrales y un Encargado de a la Unidad de Apoyo a Mesuras, porque los escogidos interinamente son muy deficientes o no tienen experiencia en el cargo.
Según informes el agrimensor Antonio Bonetti, designado en la Dirección Nacional de Mesuras Catastrales en el año 2007 se vio obligado a renunciar al cargo de Director Nacional por estar opuesto al proceso de reforma que se estaba llevando a cabo con el BID.
Según explicó la fuente, estos cambios rompen con lo dispuesto en los programas de Modernización de la Jurisdicción de Tierras y de Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria creados luego de que el Estado Dominicano solicitara ayuda al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para realizar un modelo que garantice la seguridad jurídica y evitar las irregularidades que se cometían en el pasado.
Para llevar a cabo estos programas el BID aportó 42 millones de dólares desde el año 1998 y hasta agosto de 2011 aprobó y ejecutó conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia.
