SANTO DOMINGO:- Ciento ochenta y dos dominicanos de ascendencia haitiana depositaron este miércoles, 27 de junio, un recurso de amparo en un tribunal de El Seibo, en demanda de que Los demandantes, representados por los abogados María Victoria Méndez Castro y Natanael Santana Ramírez, depositaron el expediente ante Brunilda Beras, secretaria de la Cámara Civil y Comercial de esa provincia, para que sea remitido al Magistrado, Salvador Zorrilla.
La abogada Méndez Castro dijo que la medida busca restablecer los derechos de cientos de dominicanos cuyas vidas se afecta al no poder acceder a los servicios de salud, trabajo, educación, seguridad social, igualdad ante la ley y todas las garantías ciudadanas que establecen la Constitución de la República y varios tratados internacionales.
“La ley es clara” y no da razón para negarles sus documentos a los demandantes, pero que en el caso de que la JCE entienda que hay algún error en sus registros de nacimiento, existen recursos jurídicos para resolverlo, pero “no una suspensión ilegal, que no tiene ninguna base jurídica”, destacó.
Se mostró confiada en que en la jurisdicción de El Seibo se imponga la razón y el respeto por los derechos humanos, porque ya existe antecedente en ese sentido.
Recientemente, un tribunal de San Pedro de Macorís dio ganancia de causa a 28 dominicanos de ascendencia haitiana que demandaron de la Junta Central Electoral, la Dirección General de Cedulación y las Juntas electorales de Consuelo, Quisqueya, San José de los Llanos y Ramón Santana, la entrega sus plásticos de identidad.
Méndez dijo que “este Recurso de Amparo busca restituir y reivindicar la autoestima y derechos humanos, así como visualizar la política errada de desnacionalización que existe en el país, dirigida a dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana”.
El recurso de amparo colectivo fue depositado en presencia de 40 de los demandantes, los cuales son parte del grupo Reconocido, movimiento por un registro civil libre de discriminación, que residen en El Seibo; varios dominicanos beneficiados por la sentencia de San Pedro de Macorís y representantes del Centro Bonó.
