SANTO DOMINGO:-El Diputado Carlos Gabriel García dijo que los ladrones de metales han desafiado la seguridad nacional cuando desmantelan las torres de transmisión eléctrica y las infraestructuras metálicas de los principales puentes del país, porque están conspirando contra dos elementos de carácter estratégico para la nación como la comunicación terrestre y el servicio de la energía eléctrica.
Manifestó que el robo de 24 de los 40 cables tensores del puente Duarte no puede verse como un simple robo de metal, sino como una acción que compromete la seguridad nacional, que pudo provocar una tragedia de insospechables consecuencias para el país.
Recordó que el puente Duarte no es el primero en ser atacado por los ladrones de metales porque ya antes lo habían hecho contra el puente El Cajuilito de Haina donde se robaron cuatro rolos de una línea donde iban cinco, dejando la estructura prácticamente sin soporte a punto de colapsar. Por esa estructura transitan a diario miles de camiones, banqueros, patanas, autobuses, minibuses, carros públicos y privados de San Cristóbal y el sur profundo.
El legislador del Partido Revolucionario Dominicano destacó que es asombroso como se puede comprobar que en los últimos años en la medida que aumenta el robo de metales también aumentan los niveles de exportación de los desperdicios de metales.
El Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD) revela en sus estadísticas que la venta de desperdicios de hierro, acero, cobre, aluminio, cobre, bronce y zinc pasó de ser en el 2005 12.4 millones de dólares a 155.4 millones de dólares en el 2011.
“Las autoridades saben que el incremento que ha tenido el país en la exportación de desperdicios de metales, que el año pasado le generó a los exportadores una suma cercana a los 6 mil millones de pesos, esta estrechamente vinculado al robo de metales que está afectando a la propiedad pública y privada en todo el territorio nacional.
Gabriel García, hablando en el programa “Sea Usted el Jurado” que produce el periodista Alberto Amengual por el Canal 4, explicó que preocupado por ese fenómeno ha sometido un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que prohíbe por 10 años la exportación de chatarras y desperdicios de metales ferrosos y no ferrosos, incluyendo los que provengan de procesos de fundición.
Del mismo modo señaló que su iniciativa legislativa contempla calificar como robo agravado, y se sanciona con las penas de cinco a veinte años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios, el hecho de sustraer piezas de estructuras metálicas publicas y privadas.
