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| Mariano Germán Mejía |
SANTO DOMINGO:- El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán Mejía, reveló la existencia de un caos en la Jurisdicción Inmobiliaria, a pesar de que en su proceso de reforma y modernización se invirtieron un total de US$65.3 millones, equivalentes RD$2,560 millones.
Al dictar la conferencia magistral “Los Retos del Poder Judicial”, organizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), informó que está a la espera de los resultados de una auditoría que solicitó a la Cámara de Cuentas.
“Como no tengo constancia de la inversión realizada en la identificada Jurisdicción Inmobiliaria y de la manera en que se hizo, hemos solicitado una auditoría a la Cámara de Cuentas; solicitud con relación a la cual estamos esperando pronta respuesta”.
Expuso que en el SIRCEA (Sistema de Recuperación, control y Explotación de Archivos), el SIGAR (Sistema de Gestión y Automatización Registral), SISET (Sistema de Seguimiento de Expedientes en los Tribunales de Tierras), SICyP (Sistema Cartográfico y Parcelario de la JI) y la REP (Red de Estaciones Permanentes que complementa el SICyP), no se había logrado alcanzar más del 30% de la implementación, quedando pendientes inconsistencias en la información registral de títulos, errores y faltas de precisión en la información geográfica de los planos de mensura y falta de asientos registrales, pese haberse invertido sólo en su adquisición, la suma de US$3,037,450.73.
“Los problemas más graves afectan la jurisdicción inmobiliaria y tenemos la franqueza de identificarlos ante ustedes. No hacerlo implicaría ausencia de transparencia”, dijo ante un auditorio repleto de jueces de los tribunales Constitucional, del Superior Electoral, funcionarios del Ministerio Público, abogados y empresarios.
Detalló que en 1999, se inició en esa jurisdicción un programa de modernización con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$32 millones y un aporte de la SCJ de US$8 millones, que sumados son US$40 millones.
El mismo se extendió hasta febrero 2006, y más adelante a 2007. Perseguía simplificar los procedimientos y gestión de despachos judiciales, registros, catastros, elaboración de los reglamentos de los Tribunales, Registros de Títulos, Mensuras Catastrales, estructuración de un nuevo modelo organizacional de la Jurisdicción Inmobiliaria y el uso de nuevas tecnologías.
El magistrado explicó que al final de agosto del 2007, y por no tener constancia de los avances que se perseguían, se inició la segunda etapa de la Reforma con el Programa de “Consolidación de la Jurisdicción Inmobiliaria”, mediante la concesión de un nuevo préstamo del BID, por US$10 millones y una contrapartida de la SCJ ascendente a US$8 millones, por un período de tres años, que finalizaría el 30 de junio de 2011.
Posteriormente, la SCJ aprobó un desembolso para completar el desarrollo de la Reforma JI, por la suma de US$15,232,718.73 con la cual la inversión en dicha Jurisdicción pasó a ser de US$65,312,718.73, los que calculados a la tasa de cambio actual (RD$39.20), asciende a RD$2,560,258,574.21.
