SANTO MINGO:- El Ministerio de Educación
Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) adjudicó irregularmente dos
contratos a una compañía de Costa Rica, por un monto superior al
millón de dólares en violación a la Ley 340-06 sobre Compras y
Contracciones de Bienes y Servicios en el Estado, según revela una
auditoría hecha por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.
Los contratos fueron otorgados grado a grado y sin consultar
a compañías nacionales que ofrecen el mismo servicio, según los
auditores de la Cámara de Cuentas de la República, que llevaron a cabo
la experticia en noviembre del 2011, pero que hasta ahora no había sido
dada a conocer.
El primer contrato fue firmado en enero de 2010 con la empresa
extranjera Innova Technology. S.A, con asiento social en San José de
Costa Rica, por un monto de 600 mil dólares, equivalente a 21 millones
708 mil pesos, a la tasa oficial de la fecha (US$ 1.00=RD$ 36.18.).
Un año después, en enero de 2011, las autoridades del Ministerio de
Educación Superior concedieron un nuevo contrato a la misma empresa
costarricense, en esta ocasión por 480 mil dólares.
La compañía fue contratada para desarrollar proyectos de apoyo a la
consolidación de los procesos de modernización e inicio de aplicación
Web Learning para la séptima etapa del programa de plataforma de
servicios digitales de Educación Superior.
Los auditores especifican en su informe, de fecha 16 de
noviembre de 2011, que el ministerio no entregó evidencia documentadas
que avalen los estudios pertinentes y de evaluaciones técnicas que
demuestren que no existe en el país ofertas con suficiente capacidad
para proveer los servicios ofertados por la empresa extrajera
contratada.
La parte legal de la auditoria recure a la referida Ley 340-6,
sobre principio de igualdad y libre competencia, “en los procedimientos
de contratación administrativa se respetará la igualdad de
participación de todos los posibles ofertantes”.
La ministra de Educación Superior, Ligia Amada Melo viuda Cardona,
ocupa el cargo desde agosto del 2004, y fue confirmada en sus funciones
por el actual presidente Danilo Medina.
Compra irregular de vehículos de lujo-
La administración del Ministerio de Educación Superior adquirió sin
licitación pública tres yipetas marca Toyota RAV4, por un monto de RD$
3 millones 203 mil 906, a la compañía Delta Comercial C por A, en
diciembre de 2010.
Los técnicos de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana
pudieron confirmar que el proceso de compra se realizó mediante
comparación de precios en el mercado de vehículos, obviando la
licitación pública, que según los auditores, es lo que legalmente
procede en estos casos.
El documento no detalla si los vehículos fueron comprados para el
ministerio o financiados a funcionarios de la entidad, mediante la
modalidad en la que la institución cubre el 50 por ciento del costo y el
restante 50% la parte beneficiada.
Pagos millonarios en seguros para vehículos de funcionarios.
El Ministerio de Educación Superior costeó con recursos propios las
pólizas de seguros de una flotilla de vehículos pertenecientes a
funcionarios de la institución a los cuales ya había ayudado
financiándoles los vehículos.
Los funcionarios se hicieron con la propiedad de los vehículos a
través del Plan de Financiamiento Vehículos, en el cual la institución
aportó el 50% del precio.
El costo de los seguros cubierto por la institución fue de 1 millón 031 mil 961
Pesos. El procedimiento del ministerio Administrativo de
Administrativo de la Presidencia que regula ese tipo de financiamiento
establece que el empleado deberá pagar los derechos por concepto de
emisión de placas y pólizas de seguro del vehículo.
Empleados proveedores de alquiler de vehículos.
Los técnicos de la Cámara de Cuentas pudieron comprobar que el MESCYT
efectuó 7 contratos de alquiler de vehículos propiedad de empleados
fijos de esa entidad, por un monto de RD$ 585 mil pesos.
La ejecución de los contratos viola el artículo 80 de la Ley 41,08,
de función pública que prohíbe a funcionarios o empleados intervenir,
directa o indirectamente, en la suscripción de contratos con el Estado a
través de la institución donde labora y que impliquen privilegios
oficiales en su favor.
Los empleados favorecidos con los contratos son Karisol J. Amorós,
encargada departamental; Indalexio Cuello, Sub Encargado de Seguridad;
Ángel Carrasco Mieses, y las secretaras Ana Virginia Olivier, Elsie
Josephine Ferreira, Isaura Mili Torres y María De los Santos Anciani.
Cada uno recibió entre 90 y 105 mil pesos por concepto de alquiler de
sus vehículos a la institución, que por demás eran utilizados por
ellos.
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana recomendó en su
informe rescindir los contratos por estar reñidos con lo que establece
la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios del
Estado.
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