SANTO DOMINGO:-El gobierno decidió jugarse su
luna de miel con la población al presentar el mayor proyecto de reforma
tributaria de la historia nacional sin atender el reclamo generalizado
de que reduzca el enorme dispendio burocrático en organismos
inoperantes en salarios y pensiones de lujo.
Por lo menos puso sobre la mesa el enorme hoyo fiscal dejado por el
gobierno de Leonel Fernández que se burló de la Constitución, la ley y
la opinión pública gastando más del 43 por ciento sobre lo presupuestado
para este año, con un déficit fiscal mayor de 183 mil millones de
pesos, que sobrepasó las peores proyecciones.
La reforma del friquitaqui:
Con excepción de los voceros gubernamentales, hay unanimidad en la
opinión pública en considerar el proyecto de reforma tributaria
presentado el jueves 4 como el más ambicioso de la historia del país,
con elevación de impuestos de 55 mil millones de pesos en el 2013 y
más de 235 mil millones en cuatro años.
El proyecto ha sido denominado
como “el tablazo del siglo”, y se discute si bautizarlo como la reforma
del friquitaqui, del conconete, o del cazabe por gravar esos y otros
populares comestibles.
La propuesta superó el proyecto de 44 mil millones que había
elaborado el Ministerio de Hacienda del pasado gobierno, sin dejar de
tocar ninguna de las categorías impositivas, a la renta, el patrimonio,
transferencia de bienes industrializados (Itebis), selectivos al
consumo, y modificando los regímenes de incentivos al turismo, zonas
francas, cine, desarrollo fronterizo y eliminando exenciones hasta a las
organizaciones sin fines de lucro que tendrán que pagar itbis.
Aunque habían prometido que no afectarían a los sectores populares,
el paquete les toca indirectamente, pero será más gravoso para las
clases medias comenzando por la elevación del itebis del 16 al 18 por
ciento y su extensión a 259 productos básicos con gravamen del 10 por
ciento en el 2013, para alcanzar el 16 por ciento en los siguientes tres
años. El 55 por ciento del incremento es indirecto, al consumo, y el 45
por ciento directo, a la renta y el patrimonio. El Itebis aportaría el
44 por ciento.
El proyecto incluye productos tan básicos como azúcar, sal, café,
chocolate, aceites, panes, galletas, mantequilla, margarina, maíz,
trigo, avena, maizena, las carnes, refrescos y hasta el agua y el hielo.
Es tan abarcador que no dejó fuera ni siquiera renglones tan populares
como el friquitaqui, las masitas o coconetes, el frío- frío, cazabe, el
gofio, arepas, mondongo y tripitas.
El sector turismo no sólo será
afectado por eliminación de incentivos, sino también por la elevación y
ampliación del Itebis y de impuestos selectivos, y las zonas francas por
gravamen a sus beneficios y ventas locales. Gravan el ahorro, los
combustibles y hasta las emisiones de gases de los vehículos que sacaría
de circulación amillares de cacharros y guaguas destartaladas.
Sin echar leña al fuego:
Al explicar el proyecto gubernamental, el Ministro de Economía
Temístocles Montás dijo que en un primer momento pensaron abordar el
déficit fiscal “solamente por el lado de la reducción del gasto”, pero
luego comprobaron que el incremento de Salarios de los últimos años se
concentraba en 85 por ciento en educación, salud, fuerzas armadas y
policías, y en los otros poderes del Estado, por lo que “descartamos
recortes en estas áreas, para no echarle más leña al fuego”.
Resulta difícil de asimilar que la malversación en gastos de
representación, repartos y los desbordamientos de salarios, pensiones,
bonificaciones y liquidaciones se escondan tras los sueldos más
deprimidos y que no haya nada que hacer frente a los privilegios de los
otros poderes del Estado, con sus barrilitos y cofrecitos, ni en los
organismos autónomos y descentralizados donde se dan las mayores
inequidades e iniquidades. Ahí hay gran celo constitucional y legal, no
así en el cumplimiento de la ley de presupuesto, por ejemplo.
Lo de no echarle leña al fuego merecería una explicación. Tal vez
porque lo que echa el paquete tributario no es leña sino combustibles
líquidos y gaseosos al fuego de la indignación de los contribuyentes
frente a un sistema político que ha succionado en su propio beneficio
una gran parte de los incrementos tributarios de la última década.
Echarle leña al fuego parece que es ir contra la apropiación del
patrimonio público por parte del sector político, que en los últimos
cinco años elevó la nómina del Estado, incluyendo las pensiones, en 70
por ciento, con 35 por ciento de crecimiento tan sólo entre el 2011 y
agosto de este año, cuando pasó de 577 mil 144 a 777,631 salarios.
Es
cierto que las posibilidades de rectificación no son muchas, pero por lo
menos para “calmar las graderías” el gobierno debería buscar la
supresión de algunos barrilitos, cofrecitos y nominillas. Siquiera para
tratar de preservar las buenas voluntades que han generado el discurso y
las primeras acciones del presidente Danilo Medina.
Para negociar en el CES:
El proyecto presentado sorprendió al no especificar ningún renglón
de reducción del gasto, de la malversación, clientelismo y privilegios,
que incluye entidades inoperantes como CORDE, CREP, INESPRE o las
duplicidades en organismos asistencialistas, de tránsito y
agropecuarios. Tampoco reduce vicecónsules y diplomáticos, ni sueldos,
liquidaciones y pensiones escandalosas que hubiesen compensado el
“tablazo tributario”.
Economistas colaboradores del Centro Bonó, donde confluye un gran
consenso del sector social, al igual que la comisión económica
reformista que encabeza Guillermo Caram, han elaborado proyectos de
reducción del gasto corriente que no fueron considerados por los
planificadores gubernamentales. Aunque el CREES empresarial sugirió
reducir el presupuesto del 2013, el proyecto presentado lo elevaría de
los 430mil millones de pesos originalmente aprobados para el 2012, a 458
mil 259 pesos.
Sin embargo, un funcionario consultado fuera de récord recordó que se
trata de una propuesta a discutirse en el seno del Consejo Económico y
Social. La estrategia gubernamental podría ser apuntar al incremento de
55 mil millones de pesos para luego hacer transacciones. Aunque no
faltan quienes se han decantado por una reforma amplia, “para resolver
de un solo tiro”, contando con la débil oposición política.
La pelota está ahora en la cancha del CES, donde los sectores
empresariales, sindicales y sociales ya consensuaron sus “Principios
Orientadores del Pacto Fiscal”, que insiste en la integralidad de la
reforma con reducciones y reorientación del gasto.
El proyecto
gubernamental cumple el compromiso del 4 por ciento para la educación
preuniversitaria y persiste en el combate a la pobreza con programas
clientelistas.
Extiende el programa Solidaridad a otros 200 mil hogares y
eleva en 290 pesos su subsidio mensual, que entonces con 990 pesos,
seguiría siendo un calmante que afianza la dependencia de los pobres de
la dádiva gubernamental.
El Desguañangue de las finanzas:
Ni los más críticos de la gestión del presidente Leonel Fernández
advirtieron el nivel que alcanzaría este año el déficit fiscal con que
operó desde el 2008 cuando logró la reelección, aunque economistas como
Fernando Alvarez Bogaert, Apolinar Veloz, Nelson Suárez y Ernesto Selman
lo habían proyectado entre 140 y 150 mil millones de pesos. Apenas dos
semanas atrás el gobierno dijo al FMI que el déficit sería del 3.3 por
ciento del PIB y ahora se destapa con un 8 por ciento.
Aunque Temístocles Montás dijo que el déficit del gobierno central
“sería superior a 143 mil millones de pesos, un 6 por ciento del PIB”,
en el documento “Proyección de Cierre Año 2012 y Escenarios
Presupuestarios del 2013”, presentado ante el CES por el director de
Presupuesto Luis Reyes, se eleva a 155 mil 946 millones de pesos, y 6.8
por ciento del PIB.
Sumados los organismos descentralizados y el Banco Central, el
ministro dijo que “el déficit del sector público consolidado, o del
Estado, será del orden del 8 por ciento del PIB”, precisando que “supera
los 170 mil millones de pesos”.
Pero el documento de proyección
entregado refleja un cálculo de cada punto del PIB en 22 mil 933
millones de pesos, lo que multiplicado por el 8 por ciento del déficit
de todo el Estado, arroja un balance de 183 mil 465 millones de pesos.
Esos datos ofrecidos por el gobierno indican que se triplicó el
déficit del año 2011 y que se gastó un 42.6 por ciento por encima del
presupuesto originalmente aprobado para el 2012 que ya incluía un
déficit de 22 mil millones de pesos, no sólo en violación de la ley de
presupuesto, sino también del artículo 236 de la Constitución el cual
plantea que “Ninguna erogación de fondos públicos será válida, si no
estuviere autorizada por la ley y ordenada por funcionario competente”.
El hoyo fiscal que dejó Leonel Fernández superó todas las previsiones
porque esta vez, a diferencia de otros años electorales se buscaban dos
objetivos a la vez: el triunfo del partido en el 2012 y la base para el
retorno del nuevo caudillo nacional en el 2016.
Y lo hizo pese a todas
las advertencias de economistas, empresarios y comunicadores, que por
eso fueron acusados de orquestar “un plan mediático” contra el ilustre
estadista.
Se reconoce que por fin el gobierno transparentó la situación
financieras, aunque es penoso que lo hiciera el mismo equipo económico
que fue incapaz de parar la megalomanía del doctor Fernández. El
Ministro Montás concluyó la rueda de prensa del jueves 4 con estas
ilustrativas palabras: “Las finanzas públicas se hacen insostenibles con
estos niveles de déficit.
No había manera de presentarle al país y al
mundo un presupuesto con un déficit tan alto… Frente a esa situación
entendíamos que no había otra alternativa que ir a una reforma
tributaria y así se lo presentamos al CES”.-
(*) Escrito para el diario Hoy. Acento.com.do lo reproduce con autorización del autor.
