SANTO DOMINGO:-La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la
República Dominicana (Fenacerd), sugirió que la actual reforma fiscal
propuesta por el presidente Danilo Medina, penalice, por medio de una
ley, el enriquecimiento público no justificado “y que se cobre
efectivamente el impuesto sobre las diferencias patrimoniales no
justificadas”.
También estuvo de acuerdo con la penalización del enriquecimiento
privado, al tiempo que consideró que la propuesta de reforma fiscal
sugerida por el Gobierno al Consejo Económico y Social (CES), carece de
equidad y racionalidad, aduciendo que la mayor carga recae en los
asalariados, la clase media, los pequeños empresarios y sectores de
menores ingresos.
Rosa Dinorah Peña Acosta, presidenta de la entidad comercial, recordó
que desde el año 2006 la Fenacerd viene propugnando porque en el país
se firme un Pacto Económico y Social que garantice el crecimiento de
los sectores productivos con equidad y desarrollo humano.
“La propuesta de la Fenacerd 2006, emanada de su Segundo Congreso
Nacional de Comerciantes y Empresarios, denominado TLC (Transformación,
Liderazgo y Competitividad), hacía énfasis en un pacto fiscal de donde
se derive una reforma fiscal integral, enfocada en cuatro pilares:
Eficientizar la calidad del gasto público, ampliar la base impositiva y
revisar tanto los activos como los pasivos del Estado para garantizar
la sostenibilidad fiscal, conjuntamente con el desarrollo de los
programas sociales”, dijo.
Sostuvo que también debe otorgarse una amnistía fiscal para las
personas físicas y jurídicas con la finalidad de que transparenten su
situación con el fisco.
Sostuvo que la Fenacerd propone la creación de una tasa de Impuesto
Sobre la Renta de un 10% para las Pymes y que se establezca una tasa
diferenciada de un 8% en el Impuesto sobre la Transferencia de Bienes
Industrializados y Servicios (ITBIS) para bajarlo de un 16% a un 13%.
“Que se cree un sistema de retención del impuesto para los micros
empresarios, en las fuentes de los proveedores de bienes y prestadores
de servicios, además de crear la figura jurídica del Defensor del
Contribuyente para que sirva de enlace entre la administración
tributaria y los contribuyentes”, precisó Peña Acosta, a través de una
nota de prensa.
Además puntualizó que la propuesta de reforma fiscal debe establecer el monto y el destino de los gastos del Estado.
También pidió que las discusiones que se llevan a cabo en el Consejo
Económico y Social sean ampliadas e incluyan todos los sectores de la
vida nacional.
“Después de analizar cuidadosamente el contenido de la Propuesta del
gobierno en materia tributaria y ante la grave situación económica que
vive el país, entendemos como una oportunidad histórica”, indicó.
