SANTO DOMINGO:-El expresidente Leonel Fernández fue condenado a la pena de 30 años en
la cárcel pública de Rafey durante un juicio popular celebrado la tarde
de este miércoles por diversas organizaciones de Santiago.
El tribunal popular, montado en el parque Duarte ubicado en el
corazón de Santiago, ofreció su veredicto luego de considerar las
acusaciones presentadas, consistentes en la comisión de los delitos de
lavado de activos, desfalco y abuso de autoridad, así como delitos
relacionados con la mezcla en asuntos incompatibles con la calidad de
funcionario.
Asimismo, Leonel Fernández fue condenado a la pena accesoria de
“degradación cívica”, razón por la cual el condenado “se verá impedido
de aspirar o ser elegido a cargo electivo alguno en organizaciones o
instituciones del Estado dominicano mientras dure su prisión y durante
los cinco años posteriores a la finalización del encierro.
Igualmente el tribunal decidió la incautación y decomiso de todos los
bienes muebles, inmuebles y monetarios adquiridos con posteridad al año
1996 por Leonel Fernández y, además, convertir los bienes de la
Fundación Global, Democracia y Desarrollo (FUNGLODE) en una escuela
popular de arte.
A través de Fernández el tribunal juzgó de manera simbólica al Comité
Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en razón de que
ese organismo “constituye un grupo de malhechores que se ha dedicado a
enriquecerse y a acumular poder abusando de los bienes del Estado y de
sus funciones como funcionarios públicos. El CP se ha convertido en una
élite política y económica a través del crimen. En la cabeza de esa
banda se encuentra el ciudadano Leonel Fernández”.
Durante las deliberaciones, la barra acusadora, representada por el
abogado Anselmo Muñiz, argumentó que en virtud del artículo146 de la
Constitución Leonel Fernández es culpable del uso de dinero del Estado
para viajar al exterior a firmar acuerdos privados de FUNGLODE.
Asimismo, expuso que Fernández violó la Ley 294-11 de Presupuesto
General del Estado para el año 2012, modificada por la 174-12, al
incurrir en un déficit muy por encima al aprobado por el Congreso.
“Como presidente Leonel Fernández encubrió y protegió de la acción de
la justicia a diversos funcionarios culpables de los delitos de
desfalco y mezcla en asuntos incompatible con la calidad tipificados en
los artículos 170, 171 y 175 del Código Penal. Entre los funcionarios
encubiertos la barra acusadora citó a Radhamés Segura, Félix Bautista y
Euclides Gutiérrez Félix, todos miembros del Comité Político del PLD.
Con relación a la violación de la Ley 72-02 sobre lavado de activos,
el presidente del PLD fue acusado de “autorizar un préstamo al
narcotraficante español Arturo del Tiempo para la construcción de la
torre Atiemar en Santo Domingo, así como otorgar obras de
infraestructura del Estado sin licitación al extraditado Nelson Solano
Guzmán”.
Otro aspecto dilucidado fue el referido a los asesinatos
extrajudiciales por parte de la Policía Nacional. “En su calidad de Jefe
de Estado, el presidente de la República es el comandante en jefe de
las FF.AA. incluyendo la PN, como lo dispone el artículo 128 de la
Constitución.
En este sentido es el último responsable de las políticas
que aplique esa institución. Entre 1997 y mediados de 2012 murieron
4,069 personas a manos de la policía. Ese período incluye tres gobiernos
del acusado y uno de Hipólito Mejía.
Con su actuar negligente, Leonel
Fernández permitió el uso de violencia letal contra ciudadanas y
ciudadanos dominicanos, tal como todavía hace el actual gobierno, con lo
cual comprometió su responsabilidad penal de acuerdo a lo establecido
en los artículos 186 y 198 del Código Penal”, expuso Muñiz.
La barra de la defensa, representada por los dirigentes juveniles
Edison Meléndez y Cristóbal Guzmán, se limitó a argumentar que Fernández
no podía ser juzgado en un tribunal popular debido a que ese tipo de
juicio no está contemplado en el ordenamiento jurídico del país.
Sin embargo, la jueza presidenta del tribunal, representada por la
joven activista Nguyen Romero, tras considerar que los tribunales de la
justicia formal están controlados por Fernández, dictó sentencia y
condenó al imputado en medio de la algarabía de un nutrido público.
El juicio popular comenzó pocos minutos después de las cinco de la
tarde y concluyó a las siete de la noche. La actividad fue amenizada con
música de rap urbano alusiva al clima de corrupción e impunidad que se
respira en la República Dominicana.
Fuente:7dias
