En ese territorio, específicamente en el municipio de Cotuí, la
corporación dedicada a la extracción de oro explota una mina avalada por
un contrato suscrito en 2009 con el Estado dominicano, que diversos
sectores piden analizar y renegociar.
Según diversos criterios, los puntos más críticos del acuerdo están
relacionados con el aspecto económico y la protección del medio
ambiente.
El documento legal plantea que el Estado dominicano solo podrá
recibir beneficios luego de 25 años de operación de la Barrick Gold, la
cual estima ganar para entonces más de 50 mil millones de dólares.
Por otra parte, las consecuencias dañinas para el entorno que
produzca la explotación del oro en la mina de Pueblo Viejo serán
responsabilidad de la nación caribeña.
Trajano Vidal, presidente de la mencionada Fundación, manifestó
recientemente que las acciones legales emprendidas son el inicio de una
campaña de lucha contra el contrato.
A juicio del economista Luis Vargas, la minera tendrá sobreganancias
por las condiciones del acuerdo y el aumento de los precios
internacionales del oro.
Cuando se firmó el documento, recordó, la cotización de la onza troy
rondaba los 970 dólares y ahora se encuentra en mil 674 dólares.
Piden honrar contrato
La víspera, el presidente de la filial local de la Barrick Gold,
Manuel Rocha, defendió el contenido del pacto con el Gobierno y
consideró que debe ser honrado como fue establecido.
Apuntó que las autoridades están en el deber de cumplir con el
compromiso contraído mediante un contrato aprobado por el Congreso
Nacional y promulgado por el entonces presidente dominicano, Leonel
Fernández.
Por su parte, el diputado Carlos Gabriel García calificó de desafiantes al interés nacional las declaraciones de Rocha.