SANTO DOMINGO:-El movimiento cívico
Participación Ciudadana someterá a la justicia a los responsables del
déficit fiscal acumulado a diciembre de 2012, que el Gobierno dominicano
ha establecido en más de RD$187 mil millones, y el Fondo Monetario
Internacional (FMI) en más de RD$200 mil millones.
La decisión fue tomada este domingo, 10 de febrero, en la reunión de
la asamblea de Participación Ciudadana, para lo cual se tomó en cuenta
que quienes dirigían la administración pública hasta el 16 de agosto del
año pasado violaron la ley para incurrir en un excesivo gasto público y
en dispendios que generaron el déficit fiscal.
A partir del documento de la Comisión Técnica del Consejo Económico y Social, denominado Informe Sobre El Déficit Fiscal en el Año 2012: Monto, Causas y Evaluación con Respecto al Ordenamiento Jurídico,
la asamblea de Participación Ciudadana decidió proceder judicialmente
contra los responsables de violar 24 disposiciones de la Ley de
Presupuesto, la Constitución de la República y otras legislaciones.
“Por lo menos veinticuatro violaciones a distintas disposiciones de
nueve leyes diferentes, incluyendo la Constitución de la República, han
sido identificadas”, indica el documento.
Señala que la mayoría de las leyes violadas establecen un régimen de
consecuencias administrativas que implica las siguientes sanciones:
1. Amonestación verbal.
2. Amonestación escrita.
3. Suspensión de funciones sin disfrute de salario.
4. Destitución.
"En caso de que los responsables de las violaciones sean funcionarios
elegidos por el voto popular, entonces pueden ser destituidos de su
cargo e inhabilitado para el desempeño de cualquier función pública,
incluso de elección popular, por diez años por decisión del Senado de la
República previa acusación de la Cámara de Diputados, tal como lo
disponen los artículos 80.1 y 83.1 de la Constitución", expone.
En lo que respecta a la responsabilidad civil, los funcionarios
públicos responden con su propio patrimonio a los daños y perjuicios que
puedan generar con su conducta antijurídica, no solo frente a terceros,
sino también frente al propio Estado.
