La estructura bajo
la que opera le garantiza sustento directo a choferes, cobradores,
operadores de rutas, llenadores de vehículos y personal administrativo
que regentea los sindicatos de transporte, y tiene como valladar una
alta inversión para quienes desean afiliarse.
Y es que quienes
optan por unirse a algunos de los sindicatos establecidos necesitan algo
más que la intención para hacerlo. El derecho a pertenecer a estas
organizaciones equivale a la compra de “ruta” (derecho a circular) a uno
de los miembros, envolviendo en esto importantes cifras económicas.
El
costo dependerá de la importancia de la ruta, pero la conversación se
entabla en RD$150,000 por el trayecto que recorre un automóvil desde Los
Cerros de Sabana Perdida hasta la denominada “Bomba de Los Mina”, entre
los municipios Norte y Este de Santo Domingo, y continúa con cinco
millones por el recorrido Santo Domingo-Santiago.
Los operadores
del transporte parten de la lógica de que el valor es determinado por la
producción de la ruta, “mientras más produzca, mayor será el costo”.
Los
viajes al interior del país son los de mayor valor en las rutas del
transporte, sobrepasando paradójicamente en dos y tres veces, en
ocasiones, el costo original de los autobuses destinados a los
recorridos.
Estévez Almánzar, la mano derecha del sindicalista
Antonio Marte y encargado operativo de la Central Nacional de
Organizaciones del Transporte (Conatra), explica que el costo del
“derecho a turno”, como también son conocidas las rutas, se eleva en
función de la capacidad de transporte de los vehículos.
Es así
que recorridos como el de Santo Domingo hasta Baní, en la provincia
Peravia, se han convertido entre los más codiciados por la seguridad que
les brinda a los propietarios de retorno de inversión, y de ganancias a
largo plazo.
El costo también aumenta “en función del trabajo
sindical”, según los ejecutivos de Conatra. El planteamiento es que a
mayor cuidado y dedicación para eficiencia en el servicio, se convierte a
fin de cuentas en mayor valor final de las operaciones.
Las
rutas interdiarias K y A de automóviles en el centro de Santiago de los
Caballeros, por ejemplo, ronda los RD$400,000 debido a la higiene, y a
que no se acepta un vehículo con luz rota de años de fabricación menores
al año 1998, según explicó Santiago Rodríguez, director del bloque de
transporte Conatra en la región del Cibao.
El detalle es que ante
la gran cantidad de vehículos de transporte público en existencia, las
autoridades han “congelado” los nuevos permisos de circulación, creando
de esta forma una especie “de propiedad” a los dueños de los recorridos,
un asunto que crece cada día.
Relación con el Estado
“Ellos
tienen un contrato de operación y pagan por él, pero también pagan por
una rotulación de sus unidades, que es una forma de inventario para la
flota que ellos tienen. Por rótulo son RD$700. Se hace renovación anual
de los contratos y oscila entre RD$100 por unidad”, explica Vicente
Tapia,
subdirector de normativa de transporte de la Autoridad
Metropolitana del Transporte (AMET).
La venta se produce entre
interesado y vendedor, aunque del total que resulte se le debe tributar a
los sindicatos, por lo regular, el 10 por ciento.
Distribución
El
sistema de transporte público en el país está dividido de la siguiente
manera: en el Gran Santo Domingo es fiscalizado por la Amet, que tiene
en sus registros a 208 rutas operadas por los sindicatos de
transportistas públicos.
Las del interior del país, a excepción
de Santiago donde las 30 existentes son inspeccionadas por la alcaldía
de la comunidad, son reguladas por la Oficina Técnica de Transporte
Terrestre (OTTT) que en sus registros supervisa a unas 1,511.
Para
operar una automóvil en el Gran Santo Domingo, donde se registra la
mayor demanda de viajes por la cantidad de personas que allí residen, el
sindicato debe renovar anualmente el contrato de operación, oscilando
entre RD$100 y RD$200 por cada vehículo que tenga la ruta, además del
rótulo que cuesta RD$800. Se trata de RD$1,000 cada año que paga cada
propietario.
Las rutas de minibuses pagan RD$500 por unidad y
unos RD$1,000 por autobuses. En Santiago se le tributa a la alcaldía
RD$300, e impuestos que ascienden a RD$800 anuales.
Estos costos, y
la restricción de ampliación de la flotilla pública que puede circular
por las calles del país, suelen incentivar lo que en el negocio se
conoce como vehículos “piratas”, seduciendo a los pasajeros porque no
hacen turno en paradas y suelen llegar más pronto al destino final.
En el marco legal
El tránsito de vehículos tiene a la Ley 241-67
como su normativa primordial, contándose ya nueve leyes recientes que
modifican algunos de sus articulados. Además, otras seis leyes,
resoluciones y reglamentos creados “para complementarlas”.
En
cambio que el marco legal regulador de la operación del transporte
público se constituye de cinco leyes e igual cantidad de decretos. En la
Cámara de Diputados hay un proyecto de ley, sometido por Tobías Crespo,
que busca la creación de un Ministerio de Transporte que agrupe a todas
las instituciones que trabajan con este renglón en el país.
Se
trata de 14 instituciones existentes que serían fundidas en esa nueva
entidad, y aunque la iniciativa ha perimido en varias legislaturas, su
autor, que fue director de Tránsito Terrestre, insiste en que es una de
las soluciones más pertinentes.
Quienes ofrecen el servicio de
transporte público deben pagar, por cada día de trabajo, entre 150 y 250
pesos por sus labores en el caso de los automóviles, mientras que los
autobuses que viajan al interior del país suelen pagar el costo de un
pasajero a la administración del sindicato.
