José Martínez Montás y Juan Carlos Hernández Castro, entienden que la
fiscal Alba Núñez Pichardo, no está siendo justa y está errando con su
pronunciamiento de que ellos actuaron con irresponsabilidad, porque se
le fue de las manos la actuación en el allanamiento.
“Entendemos que nosotros la única participación que tuvimos era acudir a
un llamado jerárquico de una labor que no se nos había encomendado con
anterioridad, que nunca supimos de dicha investigación, que para
nosotros fue una sorpresa encontrarnos con esa situación”, indican los
fiscales en un documento enviado al departamento de inspectoría general
del ministerio público.
Sostienen que con todas las precariedades su labor fue encomiable,
ajustada y apegada a la ley porque gracias a Dios no entraron a la
vivienda donde entraron los policías sin orden de allanamiento y le
dieron un tiro a un haitiano, maltrataron un nacional alemán y le
quitaron la vida a una persona de nacionalidad alemana.
Recordaron que cuando llegaron al lugar de los hechos ya la escena
estaba totalmente arrabalizada y contaminada por un sin números de
agentes del orden y personal de la prensa y que ahí penetró todo el que
le dio la gana y a si pescar en río revuelto.
“Ahora se quiere buscar un
culpable por que la situación han a ellos se le fue de la manos e
injustamente quieren que nosotros paguemos los plato rotos que otros
rotos con todas las vajillas”.
Los fiscales adjuntos sostienen que las actuaciones de las
investigaciones en torno al referido caso la hizo la fiscal sola con los
policías de investigaciones de Sosúa, especialmente con el capitán
Gerson Acosta.
Pusieron como ejemplo que La fiscal se reunió en los 15 días anterior
al allanamiento en varias ocasiones a puerta cerrada con el capitán
Gerson y con varios alemanes residente de La Mulata III, que fueron
quienes supuestamente le dieron la información a la Fiscalía y que ellos
no participaron, pero que mucho menos se le informo nada.
Destacaron que el día del allanamiento recibieron una llamada por
separado por parte de la fiscal Núñez Pichardo pidiéndole que fueran a
Sosúa a ayudar a los policías en unos allanamientos, pero que ellos no
sabían a donde iban, tras reiterar que las órdenes de allanamiento la
tenía en su poder el capitán Gerson.
Se quejaron de que los policías a sabiendas de que sabían dónde iban, no
le proveyeron de chalecos antibalas, aún conociéndose la magnitud de
la operación a realizar, por lo que su integridad estuvo en peligro, ya
que nunca tuvieron la dirección funcional de la investigación, sino que
fue puesta en manos de la Policía.
Señalaron que el acceso al residencial estaba muy controlado, y que no
saben donde el capitán Gerson tenía un beeper que abría todas las
puertas “este instrumento no los teníamos nosotros y nos imaginamos de
que la magistrada lo sabía”.
