Santo Domingo:-El presidente del Senado de Haití, Simon
Dieuseul Desras, dijo ayer que aunque el Tribunal Constitucional (TC)
dominicano es soberano para emitir una sentencia, la ejecución de ésta
puede ser política.
Esa opinión fue en referencia a la sentencia que niega la nacionalidad a hijos de extranjeros en situación irregular.
El
legislador haitiano dijo que esa sentencia puede dividir las opiniones
en la República Dominicana, repercutir en unas 400 mil personas de
origen haitiano que viven en el país y puede tener una repercusión
negativa en la economía dominicana.
Dieuseul se reunió con su
homólogo dominicano Reinaldo Pared Pérez, junto a una comisión de
senadores de su país, para dialogar sobre las repercusiones que ha
tenido esa sentencia.
Los otros senadores haitianos son el
presidente de la comisión de asuntos extranjeros, Wenceslas Lambert;
el excónsul en la República Dominicana, Jean Baptiste Bien Aimé,
vicepresidente de la comisión de asuntos extranjeros y de la cooperación
externa, y el presidente de la comisión de finanza, economía y comercio
de la cámara alta de Haití, Jocelerme Privert. Estuvo, además, el
embajador haitiano en el país, Fritz Cineas.
Dieuseul dijo que
ellos les manifestaron su preocupación al presidente del Senado y
vinieron al país a buscar más informaciones y ahí mismo se planteó la
conveniencia de nombrar una comisión de senadores de los dos países para
darle seguimiento a ese y otros temas.
Pared Pérez estuvo
acompañado de Prim Pujals, presidente de la comisión de relaciones
exteriores del Senado, y de Pastor Vásquez, ministro del consejo de la
Embajada dominicana en Haití.
Pared Pérez y Dieuseul Desras acordaron abrir un espacio de diálogo para tratar la situación creada por una sentencia del TC.
Este
fallo que llevó al Gobierno haitiano a convocar al embajador
dominicano en Puerto Príncipe, Rubén Silié, y a llamar a consultas a su
representante en República Dominicana, Fritz Cineas.
El presidente
del Senado haitiano insistió en que los congresistas de ambos países
“pueden desempeñar un rol para encontrar una solución a la situación”
creada tras el fallo, por lo que abogó por un diálogo “permanente” entre
las partes.
El senador dijo que el diálogo entre los congresistas
de los dos países debe ser continuo “y no solamente cuando se presenten
situaciones” como la actual.
La decisión, inapelable, fue tomada
el 25 de septiembre a raíz de un recurso de revisión de amparo
interpuesto por Juliana Deguis Pierre, de 29 años, contra la Junta
Central Electoral (JCE) por una sentencia de primera instancia que le
negó la cédula de identidad y electoral.
EL ACNUR EXPRESA SU PREOCUPACIÓN
El
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR),
expresa su preocupación por la reciente sentencia del Tribunal
Constitucional de la República Dominicana, que según considera podría
convertir a un sinnúmero de personas de origen dominicano de ascendencia
haitiana en apátridas; muchas de las cuales han vivido en la República
Dominicana desde hace décadas.
Dice que debido a su efecto
retroactivo, esta decisión podría afectar a decenas de miles de personas
nacidas en la República Dominicana. Explica que el caso se refiere a
una madre de cuatro hijos de origen dominicano, la señora Juliana Deguis
Pierre, cuyos padres, inmigrantes haitianos, se trasladaron a la
República Dominicana hace décadas.
El Tribunal llegó a la
conclusión de que la Pierre, quien tiene 29 años y fue registrada
oficialmente como ciudadana dominicana al nacer, en realidad no cumple
con los criterios para la adquisición de la nacionalidad dominicana.
Lo
más preocupante, dice, es que el Tribunal solicitó a las autoridades
dominicanas identificar casos similares de dominicanos de ascendencia
haitiana formalmente registrados como dominicanos es de 1929 que no
calificarían para la nacionalidad bajo el criterio del Tribunal.