Santo Domingo:-Pacientes renales del régimen subsidiado que
reciben asistencia médica en el Centro Cardio-Neuro-Oftalmológico y
Trasplante (Cecanot) rechazaron ayer ser referidos a otros centros de
salud como les notificara el Seguro Nacional de Salud (Senasa), dentro
de la profundización del conflicto que afecta a la ARS del Estado con
los hospitales públicos de autogestión ubicados en Complejo Sanitario
Luis Eduardo Aybar.
En tanto, ayer la directora de Información y
Defensa del Afiliado (DIDA), Nélsida Marmolejos, pidió la intervención
del ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, y de las autoridades del
Consejo Nacional de la Seguridad Social para poner fin a este conflicto,
surgido por la falta de acuerdos en las tarifas de pago por servicios,
que asegura perjudica a los afiliados.
Consultado al respecto,
Hidalgo informó que esta semana tiene previsto reunirse con las
autoridades del Senasa y los directores de los hospitales Cecanot,
Centro de Gastroenterología y Centro de Educación Médica de Amistad
Dominico-Japonés (Cemadoja) en busca de que se llegue acuerdos.
La
falta de acuerdos en el monto de las tarifas que debe pagar Senasa por
los servicios que prestan esos centros a pacientes afiliados del régimen
subsidiado de la Seguridad Social, los mantiene enfrentados desde hace
cerca de dos semanas.
El pasado jueves, el conflicto se acrecentó,
luego de que esos tres centros decidieron no recibir más la tarjeta de
seguro de esa ARS, alegando que Senasa modificó de manera unilateral las
tarifas, reduciendo los montos que les paga por los servicios.
Ante esa
medida, el fin de semana pasado, Senasa informó mediante comunicado que
retiraba sus afiliados de esos hospitales y los enviaría a recibir los
servicios a otros establecimientos de salud.
En una rueda de
prensa convocada ayer, los doctores Federico Núñez, director de Cecanot;
Mirna Font, de Gastroenterología, y Alejandro Montero, de Cemadoja,
consideraron desacertada la decisión de Senasa de referir los pacientes a
otros centros y que con ello se pretende desmantelar el accionar de
esos centros.
Señalan que con ello se está condenando a los
pacientes a recibir un servicio de inferior calidad al que están
teniendo en ese complejo hospitalario del sector público.
