SANTO DOMINGO:-La Red Nacional de Acción
Juvenil (REDNAJOVEN) solicitó hoy a la Procuraduría General de la
República investigar las faltas administrativa y penales que provocaron
que la Dirección General de Compras y Contrataciones anulara en su
totalidad el proceso de licitación de la pasada entrega del Premio
Nacional de la Juventud.
Al depositar la denuncia ante el órgano coordinador del Ministerio
Público de la República Dominicana, Rednajoven, presentó copia de la
resolución No. 75/2013, mediante la cual Compras y Contrataciones anuló
la licitación No. MJ-LPN 01-2013, emitida para montar toda la gala que
se desarrolló en el mismo Palacio Nacional, a un costo cercano a los
RD$20 millones.
Jóvenes explican caso. “El monto de recursos
involucrados en la denuncia de este caso, la cual de ser cierta se
constituye en un fraude contra el Estado dominicano y su patrimonio,
hace que el esclarecimiento del mismo sea de interés de todos los
sectores sociales”, explica en el documento José Luis Morillo Frías,
vocero de la organización juvenil.
Morillo Frías destaca que el informe de irregularidades emitido por
Compra y Contrataciones se generó luego de que la RED hiciera la
solicitud de investigación a esta entidad pública, como también lo hizo a
la Cámara de Cuentas.
Según el coordinador, el Ministerio de la Juventud se ha convertido
en un nido del clientelismo político donde abundan los actos de
corrupción para favorecer a los miembros de los diferentes bandos del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
La organización, dedicada a trabajar por la construcción de una
“nueva cultura política en el país, ” indicó que lleva varios meses
accionando responsablemente contra las faltas flagrantes de este
ministerio y se quejó de que todavía no hay sanción contra quienes han
utilizado los recursos del colectivo para el beneficio particular.
Las acciones de la REDNAJOVEN se enmarcan dentro de la campaña Tiempo
de Despertar, concebida para motivar a los diferentes sectores de la
población a participar de la fiscalización del Estado y la creación de
una estructura de dirección social transparente y respetuosa de la ley.
