San Francisco de Macorís.- El Ministerio Público, a
través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA), dijo hoy que aún no decide si apelará la medida
de coerción impuesta al alcalde de San Francisco de Macorís y a otros
dos funcionarios del cabildo, acusados de malversar más de 100 millones
de pesos, consistente en libertad condicional, garantía económica,
presentación periódica e impedimento de salida del país.
Detalló que analiza y pondera la decisión del juez Claudio Aníbal Medrano, para determinar si procede o no a apelar la decisión.
Los procesados, el alcalde Félix Rodríguez Grullón, el ex encargado
de nómina, Gerson Lizardo, y la tesorera Fior Daliza Genao, están
acusados de malversar más de 100 millones de pesos en perjuicio del
Estado dominicano, violando con ello las disposiciones establecidas en
los artículos 123, 145,150, 166,167, 169, 170, 171 y 174, así como 265 y
266 del Código Penal Dominicano.
Dentro de las medidas coercitivas dictadas por el juez Claudio Aníbal
Medrano, al alcalde Rodríguez Grullón, también le fue impuesta una
garantía económica de cinco millones de pesos, así como presentación
periódica e impedimento de salida del país, al igual que a Gerson
Lizardo y a Genao, quienes además deberán pagar una garantía de 500 mil y
200 mil pesos, respectivamente.
