BUENOS AIRES.- El procesamiento
del vicepresidente argentino, Amado Boudou, en un caso de presunta
corrupción ha sacudido el escenario político, con un Gobierno que por el
momento calla y una oposición que reclama el alejamiento del
funcionario. Boudou fue procesado en la noche de este viernes por
presunto cohecho y negociaciones incompatibles con su cargo, delitos
penados con hasta 6 años de prisión, una medida judicial que no registra
antecedentes en el país suramericano.
La decisión fue adoptada por el juez Ariel Lijo,
que investiga la compra irregular de la imprenta de papel moneda
Ciccone, presuntamente por parte de Boudou y de un socio.
La operación se habría concretado en 2010, mientras Boudou estaba al frente del Ministerio de Economía.
La defensa de Boudou anticipó hoy que el próximo
viernes apelará el procesamiento, en medio del silencio del
vicepresidente, que se encuentra en un visita oficial en Cuba, y del
Gobierno que, hasta ahora, no se ha pronunciado.
El abogado de Boudou, Diego Pirota, opinó que el
auto de procesamiento, de 333 páginas, contiene "varias inconsistencias"
y que todo lo sucedido es "una farsa".
Pirota sostuvo que el magistrado "no necesitaba
escuchar a nadie" y que ya tenía decidida esta resolución "antes de
tomar las indagatorias".
Boudou declaró ante el juez el pasado 9 de junio y
había solicitado este viernes, horas antes de conocerse su
procesamiento, ampliar su indagatoria.
Lijo procesó además a un socio de Boudou y a un
supuesto testaferro del vicepresidente, así como a otras tres personas
implicadas en el caso.
"Tengo satisfacción porque creo que con todas las
dificultades y con todos nuestros defectos, el Ministerio Público y la
Justicia federal cumplió con su convicción de hacer lo que debía", dijo
hoy el fiscal del caso, Jorge Di Lello.
El fiscal explicó que ahora debe concluir la
instrucción de la causa "y con el resultado final después quedaría
elevar a juicio oral".
Boudou, que ocupó la cartera de Economía entre
2009 y 2011, es el primer vicepresidente en funciones en la historia
argentina en ser procesado en un caso de corrupción.
Mientras nadie en el Gobierno de Cristina
Fernández ha dicho de momento una palabra sobre la decisión judicial,
desde la oposición reclaman que Boudou renuncie, pida licencia y que
cualquiera de estas dos opciones se las exija la presidenta.
Además, varios dirigentes opositores insisten con impulsar el juicio político a Boudou, quien también es presidente del Senado.
Para el diputado y exvicepresidente Julio Cobos,
de la Unión Cívica Radical, "los fundamentos de la resolución del juez
Ariel Lijo son causa suficiente para el inicio del juicio político del
vicepresidente".
Sin embargo, otros opositores reconocieron la
dificultad para impulsar un juicio político ya que el oficialismo tiene
mayoría parlamentaria.
Por eso, la diputada Margarita Stolbitzer, del
Frente Amplio Progresista, pidió a los parlamentarios oficialistas hacer
un "acto patriótico" y habilitar un juicio político.
La decisión judicial ha sorprendido a Boudou en
Cuba, primera escala de una gira internacional que inició el jueves y
que debía concluir la próxima semana en Panamá.
Aún es una incógnita si el funcionario adelantará su regreso al país.
El vicepresidente está acusado de presuntamente
haber aceptado el 70 % de las acciones de Ciccone a cambio de ayudarla a
levantar un pedido de quiebra solicitado por el Fisco por deudas
impositivas.
Según el juez, Boudou habría actuado junto a José
María Núñez Carmona, empresario y amigo del funcionario, y a Alejandro
Vandenbroele, de la firma The Old Fund, empresa que se quedó con la
imprenta.
Lijo también procesó a los dueños de Ciccone por
supuestamente ofrecer la cesión de acciones a cambio de ser salvados de
la quiebra y de pactar contratos con el Estado para imprimir billetes y
documentos.
Además procesó a un exjefe de asesores del Fisco que presuntamente facilitó un plan de pagos para levantar la quiebra.
El vicepresidente es también investigado por
presuntas irregularidades en la documentación de un automóvil, caso que
lleva adelante el juez Claudio Bonadío, que ha citado a Boudou a
declarar para el próximo 16 de julio, fecha en la que estará a cargo del
Ejecutivo ya que la presidenta argentina, Cristina Fernández, tiene
previsto viajar a Brasil.
